Tierra, territorio y autonomía
Juan Carlos Gómez
In Memorian de
Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío
mártires de la actual rebelión mapuche.
Desde fines del siglo XX hasta la actualidad la cuestión indígena ha re-emergido con fuerza en las diversas sociedades de Nuestra América. Los pueblos originarios una vez más se han puesto en movimiento, constituyéndose en los “nuevos actores políticos” que encabezan la rebelión social popular en contra de las “viejas” como de las “nuevas” dominaciones (Bengoa, 2007; Escárzaga, 2007-8 y Gómez Leyton 2007-8).
El pueblo mapuche no ha sido la excepción. Su activa movilización social y política, desde los inicios de la década los años noventa, ha tensionado fuertemente tanto al régimen político post-autoritario como al Estado nacional con sus históricas demandas y reivindicaciones. (Toledo, 2007).
El pueblo mapuche ha debido confrontar desde la constitución del Estado Nacional diversas modernizaciones capitalistas que han afectado profundamente su identidad cultural y existencia histórica. Actualmente enfrenta y se relaciona conflictivamente con la modernización capitalista neoliberal que ha penetrado sus territorios y comunidades poniendo en peligro no sólo su identidad cultural sino también su propia existencia como pueblo. La defensa de sus territorios, su identidad cultural y su propia existencia explica la actual rebelión mapuche.
Por su parte, el Estado nacional en su forma neoliberal, tanto bajo la administración dictatorial como la democrática ha desarrollado distintas políticas hacia el pueblo mapuche con el objeto de su control e integración subordinada a la nación chilena. Durante la fase dictatorial, el Estado neoliberal introdujo profundos cambios al interior de las comunidades mapuche que modificaron sustantivamente sus estructuras económicas, sociales y culturales fundamentales. Destacándose, por ejemplo, la introducción de la propiedad privada de la tierra por sobre la propiedad comunitaria colectiva. Este cambio destrozó uno de los aspectos centrales de la identidad cultural del pueblo mapuche. Tengamos presente que, mapuche, significa gente de la tierra. Por consiguiente, con la introducción de la concepción jurídica, económica y social de la propiedad privada de la tierra se dará inicio a un proceso de descomposición cultural de la relación colectiva y comunitaria con ella.
La tierra, de propiedad comunitaria y colectiva, adquiere una nueva condición y status: la de ser un factor económico. Se constituye en capital físico y en una mercancía transable en el mercado. Así, la instalación de la propiedad privada va a posibilitar que el mapuche, ahora propietarios individuales de la tierra, puedan vender, arrendar o enajenar sus propiedades a las grandes empresas capitalistas nacionales o transnacionales que buscan explotar los recursos forestales u otros que se encuentran en la región de la Araucanía , o sea, en los territorios ancestrales del pueblo mapuche. De esta manera, la re-ocupación territorial de la Araucanía agudiza los procesos de descomposición cultural de los mapuche; impulsándolos a emigrar hacia los centros urbanos del país acentuando los procesos de pauperización que los afectan desde hace décadas.
Los gobiernos concertacionistas de origen democrático que, desde los años 90, se hacen cargo de la administración del Estado neoliberal impulsan hacia los pueblos originarios nuevas políticas. Las cuales inspiradas en las nuevas tendencias y postulados en boga buscan construir una ciudadanía para los pueblos originarios más inclusiva que la implementada a lo largo del siglo XX. Para tal efecto, colocan en primer lugar el reconocimiento de las diferencias y de las particularidades de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional. Se desarrolla la “política del nuevo trato” que implica una nueva relación entre el Estado Nacional y los pueblos originarios. Sin embargo, la ampliación y profundización de las características esenciales de la sociedad capitalista neoliberal, por parte de estos gobiernos, ha provocado la agudización del histórico conflicto con determinados sectores del pueblo mapuche que hoy resisten activamente la ampliación y profundización del capitalismo neoliberal en sus territorios.
Esta nueva fase de conflictividad entre el Estado nacional en forma neoliberal y el pueblo mapuche a diferencia del periodo anterior -1973-1990- se desarrolla en el marco de un régimen político que posee un conjunto de instituciones políticas que combinan las formas democráticas con las autoritarias.
Rastrear las bases de sustentación del conflicto social y político es remontarse al siglo XVI al momento de la invasión de los conquistadores españoles de los espacios territoriales mapuche. Nuestra intención no es hacer ese recorrido sino acercarnos a la problemática actual a través de un planteamiento concreto y específico que señala que la reestructuración capitalista neoliberal en el espacio territorial mapuche constituye una nueva ocupación y destrucción de su principal fuente identidad y de existencia, la tierra. Sostenemos que la actual rebelión mapuche que ya ha cobrado varias muertes de comuneros a manos de la violencia política de la seguridad democrática neoliberal concertacionista se explica, entre otros factores, por la introducción e instalación de la propiedad privada entre las comunidades mapuche. De allí que la tradicional demanda por tierra hoy los mapuche reclaman autonomía política territorial como una forma de contener la destrucción de su identidad histórica.
DE LA PROPIEDAD COMUNAL MAPUCHE A LA PROPIEDAD PRIVADA NEOLIBERAL
La restauración de la dominación capitalista a través del patrón de acumulación neoliberal cuyo pilar central fue el restablecimiento de la propiedad privada de los medios de producción como eje central de la sociedad chilena, constituye la respuesta del capital nacional e internacional a la osadía popular de querer instalar democráticamente el socialismo en Chile. Dicha osadía tenía un carácter revolucionario concreto y preciso que desde la teoría política revolucionaria marxista, supone abolir la propiedad privada de los medios de producción, o sea, la principal fuente y origen de la desigualdad social, del conflicto de clases y del Estado. La mantención de la propiedad privada capitalista minera, industrial, financiera, agraria, etcétera constituían un obstáculo para avanzar en la construcción de la emancipación social y política de los “no propietarios” Entre 1967 y 1973 la estructura de la propiedad privada capitalista experimento drásticas transformaciones. Los sectores dominantes nacionales debieron recurrir a la violencia política militar para defender su principal fuente poder, por ello propiciaron y apoyaron el golpe de Estado de las fuerzas armadas en 1973 en contra del Gobierno Popular de Salvador Allende (Gómez Leyton, 2004)
El principal objetivo de ese Golpe de Estado fue restaurar el orden político capitalista y reestablecer la plena vigencia del derecho de propiedad privada. Para tal efecto, la dictadura militar inicio el proceso de desarmar el área social de producción constituida por el gobierno popular y restaurar las propiedades industriales, mineras, agrarias, financieras a los sus antiguos dueños o entregárselo al capital privado. La única propiedad estatal que se mantuvo hasta ahora es la de gran minería del cobre. En menos de una década la mayoría de la propiedad estatal fue entregada al capital nacional como internacional. De esa forma, la dictadura militar restableció la estructura de la propiedad privada capitalista, trasformándose ésta en la fuente principal de poder social de los actuales sectores dominantes nacionales y extranjeros (Gómez Leyton, 1998).
El proceso de democratización de la propiedad a través de la reforma agraria tuvo importantes implicancias para el pueblo mapuche. La Ley N º 16. 640 de 1967, posibilitaba la expropiación de tierras que se encontraban mal explotadas, abandonadas o que poseían más de 80 hectáreas de riego básico (Correa, Molina y Yáñez, 2005). En el caso de los mapuche, dicha ley fue completada por la Ley 17.729 de 1972 aprobada durante el gobierno de Salvador Allende. Esta ley intentaba frenar el proceso divisorio de las tierras mapuche; además establecía la posibilidad de restituir tierras a los indígenas utilizando para el mecanismo de la expropiación contemplado en la reforma agraria; y crea, para tales efectos, Instituto de Desarrollo Indígena a fin de promover el desarrollo económico, social, cultural integral de los indígenas.
Entre 1965 y 1972 se expropian en las provincias de Arauco, Malleco y Cautín, en territorio mapuche, 584 predios con un total de 710.816 has. Aunque no todos fueron expropiados a favor de comunidades mapuche, sino que también de inquilinos y trabajadores forestales no indígenas. La presión ejercida por el movimiento social mapuche - así como por sectores políticos que los apoyaban - a través de la ocupación de predios colindantes a comunidades mapuche, resultó en la expropiación, y posterior traspaso material a indígenas de gran cantidad de predios sobre los cuales se tenían reivindicaciones históricas. En contraste con las 1.443 hectáreas que a través de las leyes indígenas serían reconocidas a los mapuche a lo largo de la década de los sesenta, durante 1971 y 1972 se habrían sido traspasados a través de la reforma agraria un total de 70.000 has.
Las tierras expropiadas que fueron asignadas a los mapuche, y luego incorporadas como unidades de producción del sector reformado, incluían asentamientos de reforma agraria y cooperativas campesinas constituidas de acuerdo a la ley de 1967, así como Centros de Reforma Agraria promovidos por la administración de Allende. El Estado, a través de Corporación de Reforma Agraria (CORA), apoyó la tecnificación y el desarrollo productivo de las tierras restituidas. (Aylwin O., 2002)
Pacificada militarmente la región de la Araucanía , reconstituida la propiedad privada, despojados, marginados y violentamente castigados los mapuche, el poder de los señores de la tierra libre de toda resistencia se dispusieron, por medio de la contra reforma agraria (Correa, Molina y Yánez 2005:243-291), [1] a seguir arrasando con el identidad y existencia del pueblo mapuche. A través de la implantación del modelo económico neoliberal se liquidó la propiedad comunitaria de la tierra indígena, particularmente a partir de los decretos leyes 2.568 y 2.750 de 1979 que, en la práctica, devino en la división de la tierra. De hecho, dicha legislación “resultó en la división en hijuelas individuales de la casi totalidad de las comunidades reduccionales…. El objetivo de esta legislación era acabar con el status especial de los indígenas y de sus tierras, integrándolos al régimen común del derecho nacional”. Se estima que aproximadamente 2 mil comunidades fueron divididas, “dando origen a alrededor de 72 mil hijuelas individuales con un total de 463 mil hectáreas”
En tan solo una década se produjo la disolución de la propiedad colectiva de la tierra y, si bien es cierto la ley prohibía la enajenación de las hijuelas resultantes del mencionado proceso de división, lo concreto es que muchas de esas tierras mapuche fueron traspasadas a no indígenas mediante transacciones fraudulentas, como, por ejemplo, arriendos por un periodo de 99 años que, en los hechos, equivalen a entregar la tierra de por vida. Pero, además de la imposición de estos decretos-leyes que desintegraron la propiedad comunal de la tierra - componente esencial de la cultura mapuche - la dictadura militar impulsó un proceso de inversión forestal en territorio mapuche. El decreto-ley 701 de 1974 subsidió, y en la práctica financió casi totalmente, la inversión forestal en la zona sur y fue crucial en el desarrollo acelerado de la industria forestal. En la década del setenta las plantaciones forestales ascendían a tan solo 320 mil hectáreas, sin embargo en la actualidad cubren una superficie de 2,1 millones de hectáreas de pino y eucalipto, fundamentalmente. Durante el año 2004 las exportaciones forestales chilenas totalizaron US$ 3.397 millones, cifra récord en la historia de la exportación forestal lo que representa un incremento de 34,6% respecto del valor registrado en el año 2003 y un 47,6% superior al año 2002. El crecimiento y desarrollo de la industria forestal se ha verificado en directa relación con la ocupación y depredación del territorio mapuche, toda vez que el proceso iniciado durante la dictadura militar ha continuado imparable durante los gobiernos concertacionistas y no existe ningún indicio de que esto vaya a cambiar. Por el contrario, la Corporación de la Madera proyecta crecer a 2,6 millones de hectáreas de plantaciones forestales para el año 2010. Además, los empresarios forestales han manifestado, a través de su presidente José Ignacio Letamendi, que “bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia entregaremos la tierra a los mapuche, no tienen la capacidad para cultivarla” (Buendía, 1999:6, citado por Tricot: 2007). En esta misma línea de argumentación, y respondiendo a aquellos sectores mapuche que hablan de una “deuda histórica” del Estado chileno para con el pueblo mapuche, Fernando Leniz, ex ministro de la dictadura y ex presidente de la Corporación de la Madera , dueño actual del fundo Chauquen de 170 hectáreas , señaló que con los mapuche “no existe deuda histórica, lo que se perdió, se perdió” (Buendía, 2000: 11, citado por Tricot: 2007). Sin embargo, parece claro que – como han señalado organizaciones mapuche-lafkenche que elaboraron inicialmente el concepto de “Deuda histórica” - “la acción de estas empresas forestales afectan el medio natural en que nos desarrollamos como pueblo y cultura. Nuestras tierras son erosionadas y contaminadas por los diferentes tipos de tratamiento que efectúan las empresas en estas plantaciones. Podemos asegurar que incluso nuestra propia salud se encuentra afectada y modificada por la acción que en nuestro entorno natural efectúan estas empresas”. (Tricot, 2007:45-46)
La destrucción de la propiedad comunal de la tierra, la instalación de la industria forestal y la marginalidad y pobreza del pueblo mapuche, entre otros muchos factores sociales, políticos y culturales los impulsa -desde los años ochenta hasta hoy- a levantar un conjunto de demandas a objeto de proteger sus derechos y existencia amenazados.
Entre los ejes centrales de esas demandas destacan el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural hasta entonces negada en el país, la participación de sus representantes en la conducción de la política indígena del Estado, la protección legal de sus tierras y aguas, el otorgamiento de tierras fiscales o de tierras particulares adquiridas por el Estado a objeto de poner fin al proceso histórico de jibarización de sus comunidades y permitir la ampliación de sus tierras, y el apoyo al desarrollo económico y cultural de sus pueblos y comunidades.
LA LUCHA POLITICA MAPUCHE: DE LA TIERRA A LA AUTONOMIA TERRITORIAL
Uno de los fenómenos políticos perceptibles en la última década en el sur del país ha sido la evolución experimentada tanto en las características del movimiento social y organización mapuche como en los contenidos de la lucha política. En opinión del antropólogo Roberto Morales “cualquier análisis del movimiento mapuche en la actualidad… [debe considerar] su variedad de formas de organizativas que ha adquirido y su diversidad de énfasis y tácticas de accionar político” (Morales, 2007-8:93). Esta variedad hay que atribuirla a las características de la organización social mapuche: basada principalmente en la estructura de parentesco, que determina una exogamia del grupo, lo que políticamente ha significado el desarrollo de las alianzas entre los grupos de parientes. Esta dimensión en fundamental para entender el cambio organizativo social y político experimentado por el movimiento social mapuche: se ha pasado de la organización mapuche de carácter nacional a la organización territorial.
En efecto, las organizaciones mapuche de carácter nacional que habían jugado un rol central en la defensa de los intereses de su pueblo bajo la dictadura militar, como Ad Mapu, los Centros Culturales Mapuche y otras nacidas en el contexto de la recuperación democrática (Nehuen Mapu, Lautaro Ñi Ayllarewe, Calfulican, etc.), van siendo gradualmente reemplazadas por organizaciones de carácter territorial, tales como Identidad Lafkenche en Arauco, la Coordinadora Arauco Malleco, la Asociación Ñankucheo de Lumaco, la Asociación Comunal Pewenche de Lonquimay, la Asociación Poyenhue de Villarrica, entre otras, que emergen en la última década.[2] A diferencia de las anteriores, cuyos vínculos con partidos políticos o instituciones de la sociedad chilena eran fuertes, estas últimas organizaciones se articulan sobre una base territorial y se definen como independientes del Estado y las instituciones de la sociedad chilena.
Otro cambio significativo se refiere a la demanda política. De una demanda centrada fundamentalmente en la participación en el Estado y en la protección y ampliación de la tierra mapuche, se ha avanzado a fines de los noventa hacia una demanda orientada al reconocimiento de la territorialidad mapuche. Junto a ésta, emerge otra demanda estrechamente relacionada, que dice relación con el derecho a un desarrollo político, económico y cultural autónomo al interior de dichos territorios. Ello no resulta casual, pues es consecuencia de la naturaleza de las demandas territoriales de los pueblos indígenas, las que además de tener componentes materiales como la tierra y los recursos naturales, tienen también componentes inmateriales de carácter político y simbólico.
La nueva orientación de las demandas mapuche se manifiesta ya en las resoluciones del Congreso Nacional del Pueblo Mapuche celebrado en 1997 con participación de las organizaciones territoriales emergentes. Dicho Congreso incorporó el concepto de territorialidad indígena hasta entonces ausente, exigiendo su reconocimiento y protección.[3] En materia de desarrollo, propone que las comunidades indígenas se constituyan en espacios de autogestión y de participación indígena, y de protección del territorio frente a proyectos que perjudican el medio ambiente.[4] El mismo Congreso propuso la autonomía como "eje de articulación del nuevo diálogo que impulsa el pueblo mapuche en su relación con el Estado y la sociedad chilena..."[5].
En una perspectiva similar, el Consejo de Todas las Tierras exige del Estado “...el derecho a la restitución de tierras y territorios, uso y aprovechamiento de los recursos naturales del suelo y subsuelo....”, derecho que debe quedar incluido en una reforma a la Constitución. Reconociendo los distintos componentes de la demanda territorial, se fundamenta el derecho al territorio y los recursos del suelo y subsuelo en dos principios: “uno de orden cultural y el otro desde un principio que sustenta las actividades inherentes a los Pueblos Indígenas en el marco del desarrollo e implementación de su estrategia, en un proceso gradual de la autodeterminación.” [6]
En la misma línea, la organización Identidad Mapuche Lafkenche de Arauco en su propuesta de 1999 plantea, en base a los conceptos de "Pueblo, Nación originaria, control territorial, desarrollo endógeno, autonomía y libre-determinación", la creación de los "Espacios Territoriales de Patrimonio Lafkenche", entendidos como áreas de "protección y conservación de los espacios naturales y culturales" que las comunidades aún poseen en las distintas comunas de la provincia, e incluyen tanto las tierras, como "sus recursos suelo y subsuelo y espacios naturales, de la misma manera que los espacios ribereños y costa que poseemos...". La misma entidad propone que estos espacios sean administrados por una Asamblea Territorial, la que estaría integrada por un conjunto de consejeros territoriales y presidida por un Coordinador Territorial electo por sufragio universal por todas las comunidades de la provincia. Finalmente, se indica la necesidad del reconocimiento de dicha institucionalidad, y de su Coordinador, como autoridad política con derecho a voz y voto en las instancias de participación en el poder comunal, provincial, regional y nacional[7]. Se trata posiblemente de la propuesta más acabada hasta ahora formulada por los mapuche para hacer operativo el derecho a la territorialidad y a la autonomía que reclaman.
Por otra parte, en un comunicado público emitido en 1999 la Coordinadora Arauco-Malleco explica el sentido de su estrategia de recuperación territorial al sostener:
Señalamos que el único logro político real y a largo plazo es el reconocimiento de la existencia de la NACIÓN MAPUCHE y la devolución de espacios territoriales necesarios para el desarrollo de nuestro pueblo...(Nuestra) estrategia tiene como eje central la recuperación de predios que hoy día se encuentran en disputa principalmente con empresas forestales y que son considerados por nuestras comunidades como espacios sagrados para la sobrevivencia y la reproducción de nuestra cultura (Comunicado Público, Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto Arauco -Malleco, Junio de 1999).
La Asociación Ñankucheo de Lumaco, finalmente, ha desarrollado no tan sólo una demanda, sino también una práctica de fortalecimiento territorial que incluye dimensiones económicas, políticas y culturales. La importancia del territorio no sólo como espacio físico sino también como espacio político es resaltada por Alfonso Reiman, su presidente, al señalar: “Si decimos que somos un Pueblo o Nación, pienso que todo pueblo debe conservar su territorio, y hoy lo que tenemos son porciones de tierra, pero no control de un espacio territorial”. La dimensión económica del territorio, así como la necesidad de que los mapuche logren una autonomía en este plano en sus respectivos territorios es uno de los énfasis de Ñankucheo.
Estos cambios en el movimiento y en la demanda mapuche en el último decenio explica el distanciamiento que hoy existe entre las organizaciones mapuche emergentes y el Estado, especialmente con la CONADI. El carácter mixto o bipartito de esta entidad - con representación del gobierno y de indígenas - que parecía tener cierta lógica al momento del debate de la ley indígena, no se compatibiliza con las demandas autonómicas hoy dominantes al interior del movimiento mapuche. Explica también el por qué de la resistencia mapuche a la expansión de la inversión hacia sus espacios ancestrales, expansión que además de provocar los impactos sociales y ambientales antes señalados, es visualizada como una amenaza a la reconstrucción territorial en la que están empeñadas muchas de sus organizaciones.
Según el especialista en asuntos indígenas José Aylwin hay dos factores que explican estos cambios. El primero de ellos dice relación con la incapacidad de la normativa vigente (Ley No 19.253 de 1993) y de la política pública impulsada a la fecha para dar protección a los derechos que los mapuche reivindican, en el contexto económico actual. En efecto, la tierra por si sola, sino va acompañada de derechos sobre los recursos naturales, así como de derechos que aseguren grados mayores de participación y/o control indígena de los procesos económicos sociales y culturales que en ellas se verifican, no asegura hoy las posibilidades del desarrollo material y cultural que los mapuche legítimamente reclaman para sí.
El segundo factor es el conocimiento, que gracias a los procesos de conexión global han adquirido los mapuches y otros pueblos indígenas de Chile, de los procesos que hoy ocurren a nivel internacional y comparado, donde crecientemente se reconocen y protegen los derechos territoriales de los indígenas, así como los derechos de participación, autonomía o cogestión inherentes a ellos.
Sin desmerecer la legitimidad de la demanda mapuche por tierra, la que encuentra su fundamento último en la propia acción del Estado que, con la ocupación militar de la Araucanía , arrebató gran parte de sus tierras ancestrales, y que más tarde con su legislación, legitimó la usurpación de las mismas por parte de no indígenas, cabe reflexionar en torno a la estrategia hasta hoy desarrollada por el movimiento mapuche a la luz de las demandas territoriales y autonómicas que hoy prevalecen en él.
En primer lugar, no existe un planteamiento claro en el movimiento mapuche sobre cuáles son las tierras que reclaman para su pueblo. Los planteamientos existentes sobre la materia son diversos; para algunos la demanda se centra en las llamadas tierras en conflicto (Congreso Nacional Mapuche, 1997) o en disputa (Coordinadora Arauco Malleco, 1999), sin especificar claramente cuales son ellas; para otros se centra en la restitución de “...las tierras que nos han usurpado a causa de leyes y políticas del Estado, tanto aquellas declaradas fiscales, como las que han sido tomadas por particulares y más recientemente por empresas forestales trasnacionales y nacionales...” (Aukiñ Wallmapu Ngulam, 1997). Para el abogado mapuche José Lincoqueo ha esgrimido ante los tribunales los parlamentos celebrados por los mapuches como fundamento para la restitución de cualquier tierra ubicada al sur del Bío Bío.
La falta de precisión, en opinión de Aylwin, en la definición de las tierras reivindicadas por los mapuche contrasta con los avances logrados en esta materia en otros contextos, tanto en América Latina (Bolivia, Brasil, Colombia, México, entre otros) como en Norteamérica (Canadá) donde los pueblos indígenas han desarrollado importantes trabajos histórico-culturales y cartográficos, basados en conocimientos tradicionales y/o en antecedentes jurídicos, destinados a identificar las tierras y territorios que reclaman para sí, sean estos basados en ocupación ancestral, títulos coloniales o estatales, o en su importancia cultural o económica.
Más allá de la indudable justicia de las reivindicaciones de tierra mapuche, la definición de las tierras a restituir por parte del movimiento resulta crucial.. Ello por razones políticas, por cuanto si tales tierras no están hoy en poder de los mapuche, se requiere negociar su restitución con otros actores (Estado, particulares, empresas), para lo cual la certeza de lo reivindicado parece un paso esencial. Adicionalmente se debe considerar el carácter del poblamiento actual del espacio territorial en que hoy viven los mapuche, como un espacio compartido, en que los mapuche son una minoría demográfica en comparación con otros sectores de la población, a diferencia de otros espacios territoriales hoy reivindicados por los pueblos indígenas, tales como la Amazonía en América del Sur o el Ártico en América del Norte, donde los pueblos indígenas constituyen el porcentaje mayoritario de la población. De esta manera, en un espacio con estas características, sería iluso suponer que los mapuche podrían recuperar la propiedad total de su territorio ancestral. Este proceso resultaría complejo, no sólo desde el punto de vista político y económico, sino incluso podría ser cuestionable desde el punto de vista de los derechos de la población campesina no indígena, también pobre, que se ha asentado en áreas rurales en virtud de las políticas desarrolladas por el Estado a lo largo de los últimos ciento cincuenta años.
Lo anterior deja en evidencia la necesidad de avanzar en la definición del espacio territorial reclamado, ya sea que este incluya las tierras y recursos considerados por los mapuches como usurpados, o aquellos que resulten claves para reforzar una territorialidad desarticulada, o los que resulten necesarios para la sustentación material y cultural de los mapuches como pueblo. También parece fundamental la elaboración de propuestas en relación a la futura forma de utilización de dichas tierras y recursos, a modo de asegurar en ellas un desarrollo cultural y ambientalmente sostenible, y que su traspaso no genere, como ha sucedido en los últimos años en un contexto de depresión de la agricultura tradicional, nuevas formas de dependencia con el Estado.
Por otra parte, no obstante la importancia que han adquirido en el movimiento mapuche las demandas por el ejercicio de derechos colectivos de carácter político en los espacios territoriales en que viven sus comunidades, son muy pocos los avances que se han logrado en este contenido inmaterial de la territorialidad indígena. Es evidente que un sistema político y administrativo, así como una discriminación cultural, en nada favorece el ejercicio de estos derechos por parte de los mapuches y otros pueblos indígenas.
En el régimen político actual, no hay cabida para una representación política mapuche, ni siquiera en su espacio territorial ancestral o en los sectores en que su población es mayoritaria. Esta situación también contrasta con aquella existente en otras latitudes, incluida América Latina, donde los esfuerzos de los pueblos indígenas, además de estar dirigidos hacia alcanzar la protección y ampliación territorial, han estado orientados de un modo central en los últimos años en la conquista de derechos políticos en los territorios en que viven.
La permanente vulneración de los derechos como de su identidad histórica-cultural del pueblo mapuche y el desarrollo de sus procesos reflexivos y de organización social y política le han permitido conformarse en el principal, tal vez, el único movimiento social que hoy se despliega al interior de la sociedad neoliberal avanzada chilena. La actual rebelión mapuche cuestiona todo el orden social construido en Chile en estos últimos treinta y cinco años. En efecto, sus demandas trascienden lo meramente económico, pues desde la década del ochenta, el movimiento social mapuche plantea un cambio en la discusión de sus derechos, en cuanto a presentar estrategias que privilegian la autonomía política territorial. De la reivindicación por tierras se pasa a una demanda por territorios; de una participación en el Estado, hacia una que se centra en la autonomía. Esta transformación en la demanda implica una novedosa forma de relación con el Estado nacional quien, por cierto, niega de manera rotunda y categórica dicha posibilidad de autonomía.
Frente a este cambio y ante las acciones de los comuneros mapuche, los gobiernos concertacionistas han respondido con la violencia directa, aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado o recurriendo a legislación de la época de la dictadura militar, como la Ley anti-terrorista, para enfrentar las movilizaciones, las ocupaciones de predios, las manifestaciones callejeras y cualquier otra expresión concreta de las reivindicaciones del pueblo mapuche. En este sentido, ha existido una clara estrategia de criminalización y judicialización del problema mapuche. En otras palabras, el Estado, por una parte, trata de reducir “la cuestión mapuche” al tema económico y de subsistencia obviando el tema de los derechos colectivos como pueblo, es decir, ignora la dimensión política. Y, por otro, criminaliza y judicializa el problema al sobredimensionar las acciones de reivindicación del movimiento social mapuche, recurriendo a la policía y al uso desproporcionado de la fuerza, usando a los medios de comunicación para estigmatizar y descalificar a los mapuche como terroristas y delincuentes y, finalmente, radicar el tema en los tribunales.
La criminalización del problema mapuche ha significado que en último tiempo “solo en la región de la Araucanía cerca de 300 mapuche que han sido acusados ante la justicia, a contar del año 2000, por acciones vinculadas a los conflictos por tierra que involucran a sus comunidades. De estos al menos un 10% han sido acusados de cometer delitos terroristas según a la legislación que data de los tiempos de la dictadura, que ha sido cuestionada desde la perspectiva de los derechos humanos por cuanto permite el uso de testigos sin rostro que debilitan el derecho a la defensa, posibilita largos períodos de prisión preventiva, y establece condenas que duplican las del Código Penal.
La existencia de un régimen político democrático autoritario, del Estado, en su forma nacional-neoliberal, son la mejor garantía para las clases propietarias que la mantención el orden capitalista no corre peligro. Por esa razón, el conflicto mapuche o la cuestión mapuche seguirá siendo uno de los temas políticos, históricos y culturales no resueltos en la sociedad chilena. Y, tal vez, en la medida que vaya estableciendo alianzas con otros grupos de la sociedad que resisten y se oponen al orden neoliberal, podrán ser fuentes de origen de una crisis política que afecte tanto al régimen político como al Estado. Por el momento, tan sólo el pueblo mapuche se levanta en contra del orden neoliberal.
*Doctor en Ciencia Política e Historiador. Director Académico del Programa de Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, Universidad ARCIS, Santiago de Chile.
