Ante la arremetida opositora política y mediática colombiana, el Presidente Gustavo Petro denuncia ante las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo, lo siguiente:
"He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido.
Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de EEUU y el Consejo de seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan.
No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la fiscalía investiga al presidente de la República."
Últimamente, sobre el particular, se han allanado los sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos buscando una escusa para que se acuse al presidente sobre financiamiento ilegal de la campaña y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, politicos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía, buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el pueblo.
Incluso hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, hoy lo usan para criminalizar con desespero el gobierno del Presidente Petro.
No es lo mismo la contribución a partidos políticos de derecha, por parte de un narcotraficante como el que usa un alias denominado "el ñeñe", que la contribución del sindicato de maestros a la campaña del Presidente el pueblo trabajador; mientras que, a la contribución de alias "el ñeñe" la calificaron como legal, a la del sindicato de profesores la califican de ilegal por el solo hecho de ser para un candidato progresista.
Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía, que el Gobierno ha puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes.
La respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana. La.fiscalía se prepara para pedir un juicio político contra el Presidente constitucional de la república sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en su contra, buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó en las urnas.
Como lo hicieron físicamente contra la UP, ahora piensan usando las instituciones, hacer lo mismo para que aparezca está maniobra ilegal como la gran obra de despedida del fiscal general de la república.
En la oposición han decidido la ruptura institucional.
Ante está arremetida, el mismo Gustavo Petro declara que;
"Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia.
Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llego el momento de la expresión popular.
El desespero por la alternancia democrática en la fiscalía lleva a Barbosa a golpear al progresismo y las organizaciones de trabajadores por un hecho legal que se hace en la mayoría de países del mundo, la donación a un partido politico por parte de una organización de trabajadores, que este señor quiere volver gasto de campaña porque una norma dice que si se excede el gasto de campaña se retira el presidente de la república de su cargo.
Es tan ridícula la acusación que incluso admiten que el partido Colombia Humana gastó los recursos en testigos electorales y resulta que los testigos electorales no son gastos de campaña, porque estos actúan después que se acaba la campaña y actúan para vigilar democráticamente el conteo de votos ya depositados. Es derecho de los partidos el vigilar la transparencia electoral. La campaña se define como las actividades de un candidato para obtener el voto de la ciudadanía y no las actividades posteriores a ese hecho.
Lo que aquí ve Barbosa no lo vio ni con los cheques del narcotraficante alias "el Ñeñe" ni con los cheques de Odebrecht porque los presidentes, esos si beneficiarios, eran de su círculo político, y uno de ellos lo nominó.
Lo que busca el fiscal general es un golpe de estado bajo manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones. La constitución prohíbe que la fiscalía investigue al presidente, y es lo que acaba de hacer Barbosa, en actividades que han incluído la tortura, la presión a testigos y la conversión de hechos completamente legales en ilegales. Lo que esconden es una fiscalía podrida... en donde permiten el encubrimiento del crimen y el narcotráfico, al punto, que funcionarios bajo su mando cargaban los alijos en los barcos."
Finalmente, el presidente de la república le pide a la ciudadanía "en todos los municipios del país y en todos los barrios y veredas, configurar las coordinadoras de organizaciones y fuerzas populares. Sin ninguna violencia alistar jornadas de una muy grande y profunda movilización para defender el voto popular. Los golpes se responden desde las instituciones democráticas desde la ley y la justicia y desde las calles, con alegría y paz, pero con contundencia, tal como lo hicimos con el siniestro procurador Ordoñez y la Bogotá Humana."
El mandato popular se respeta.
