La alternativa es Bolivariana

Asunto: FARC Y ELN emitieron un comunicado conjunto en el que aseguran que el único enemigo es el imperialismo

18 de diciembre de 2009.- La FARC y el ELN emitieron un comunicado conjunto a su militancia, donde definen importantes temas para el presente y futuro de su funcionamiento y avanzan a dirimir sus diferencias, dado el contexto internacional de agudización de la crisis del capitalismo y su política guerrerista y militarista en contra de los pueblos de Nuestramérica y el Mundo

A LA MILITANCIA DE LAS FARC EP Y DEL ELN:

El Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia Ejercito del Pueblo FARC-EP y el Comando Central COCE del
Ejército de Liberación Nacional ELN, hacemos llegar a todos los
guerrilleros y guerrilleras de las dos organizaciones nuestro más
caluroso, combativo, fraterno y revolucionario saludo.

Les informamos que nos hemos reunido en un ambiente de fraternidad y
camaradería que nos ha permitido abocar con sinceridad y transparencia el
análisis del momento actual, las perspectivas y el compromiso que como
revolucionarios nos asiste, igualmente abordamos las dificultades que se
han presentado entre las dos organizaciones.

El capitalismo está en crisis. El imperio, como siempre lo ha hecho, trata
de conjurarla por medio de la guerra, y es así como incrementa las tropas
de ocupación en Afganistán enviando decenas de miles a sumarse a los ya
existentes. Hoy Colombia es convertida en una gran Base Militar a su
disposición para ahogar en sangre la resistencia de nuestro pueblo y,
desde aquí, pretende hacer retroceder el nuevo proyecto en nuestra América
que cabalga por sus valles y montañas. Como respuesta a esta pretensión
guerrerista urge rescatar la bandera de la paz en Colombia como un
compromiso de todo el continente.

En esta hora precisa, donde la diversas expresiones del movimiento social
y popular resisten y se movilizan, nos encaminamos a trabajar por la
unidad para enfrentar, con firmeza y beligerancia, al actual régimen que
el gobierno de Álvaro Uribe ha convertido en el más perverso títere de los
planes del imperio pisoteando la dignidad nacional, el anhelo de los
colombianos, e imponiéndose a punta de cañón paramilitar y represión
institucional inspirado en una concepción matrera, corrupta y mafiosa.

Evaluaciones recientes dan cuenta que los dos mandatos de Uribe son un
fracaso en lo económico, lo político, lo social, de la justicia y en todos
los demás órdenes, por ende nada más equivocado y riesgoso para el destino
de la patria que una nueva reelección o de los inspirados en la Seguridad
Democrática. Solo la unidad y acción decidida de los colombianos
patriotas, de los demócratas, de los revolucionarios y de todos quienes
guardamos esperanzas en la solución política podrá detener la guerra,
hallar la paz y hacer posible la construcción de una Colombia Nueva que
nos incluya en la definición de su destino que no será ajena a las nuevas
dinámicas que hoy se viven en nuestra América.

La comprensión de las exigencias del momento y nuestra condición
revolucionaria nos conduce a ordenar a todas nuestras unidades a:

1. Parar la confrontación entre las dos fuerzas a partir de la publicación
de este documento.

2. No permitir ningún tipo de colaboración con el enemigo del pueblo, ni
hacer señalamientos públicos.

3. Respeto a la población no combatiente, a sus bienes e intereses y a sus
organizaciones sociales.

4. Hacer uso de un lenguaje ponderado y respetuoso entre las dos
organizaciones revolucionarias.

Asumimos el compromiso de habilitar los espacios y mecanismos que permitan
esclarecer y encontrar las verdaderas causas que nos han llevado a esta
absurda confrontación en algunas regiones del país, superarlas y trabajar
por resarcir los daños causados. Debe primar el análisis y la controversia
crítica, franca y constructiva que coadyuve a la unidad y la fraternidad
revolucionaria.

Nuestro único enemigo es el imperialismo norteamericano y su oligarquía
lacaya; en su contra, comprometemos toda nuestra energía combativa y
revolucionaria.

Ratificamos la vigencia de las normas de comportamiento con las masas
acordadas y aprobadas en la cumbre de Comandantes de 1990.

Las declaraciones públicas referidas a la unidad y al tratamiento de las
dificultades entre las dos organizaciones solo es facultad del
Secretariado y del Comando Central.

¡Manuel Pérez Martínez, Manuel Marulanda Vélez ejemplo que debemos cultivar!

¡La Patria se respeta, fuera yanquis de Colombia!

Por las FARC-EP: Secretariado del Estado Mayor Central

Por el ELN: Comando Central

Montañas de Colombia, Noviembre de 2009

DOBLE ESTÁNDAR DEL ESTADO CHILENO RESPECTO A LOS REFUGIADOS Y LOS INMIGRANTES

De: Víctor Raúl Paiba Cossíos

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

TEMA:
ACUSAMOS DOBLE ESTÁNDAR ESTADO CHILENO REFUGIADOS Y INMIGRANTES EXTRANJEROS
tp://groups.google.cl/group/redmisionmilagrochile/t/2f25091f2f966c75?hl=es

Con sentimiento encontrado, marcado en particular por los últimos sucesos que hemos denunciado, partimos por reiterar nuestro profundo reconocimiento y sincero agradecimiento al generoso pueblo chileno y sus organizaciones que nuevamente nos acompañaron en estas jornadas de lucha. Ello reafirma nuestra confianza y optimismo, y por sobre todo nuestro tozudo coraje con el que caminamos a su lado para enfrentar las inequidades y la soberbia de la “razón de la fuerza”, que cobardemente ensalzan como estandarte los que siempre oprimen a nuestros pueblos.
El caso de José Llanos, su expulsión inconstitucional, ilegal, vejatoria de los tratados de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, desenmascara una vez más la real política del gobierno frente a la situación de los refugiados. Al igual que en el caso de Genero Quispe, ocurrido a inicios de año, se desconoció la solicitud por escrito de reconocimiento del estatus de refugio, se les expulsó a Perú país del cual salieron en resguardo de su integridad y vida, ambos en su condición de ex presos políticos, país que practica, y ha practicado en contra de los presos políticos la tortura en forma sistemática. No importó el desamparo en que dejaban a sus familias en el país, a sus niños, de nacionalidad chilena que para poder vivir con sus padres tendrán que salir de este su país ya que ellos se encuentran prohibidos de ingresar a Chile.
Todo lo anterior se da mientras que se hace publicidad de “Chile como País de Acogida”, “país de reasentamiento”, en donde con bombos y platillos recibieron a refugiados de la ex Yugoslavia y hoy a los palestinos, entre otros casos. Procedimientos de reasentamiento cuestionados inclusive por los propios beneficiarios. Lo concreto es que resulta paradójico reasentar donde la indiferencia oficial y el maltrato general sufrido por los refugiados no reasentados ha sido la tónica desde 1994 a la fecha (cabe señalar que nos referimos a 1994 porque antes de dicha fecha los gobiernos del país no reconocían ni entregaban residencia como refugiados).
A la par hoy se habla en tono rimbombante de un proyecto de “Ley de Refugio”, en donde entre otras cosas se establecen causales de exclusión que no están dentro de la Convención y el Protocolo de los Refugiados, y en forma indirecta se deja sentado el terreno para negar el reconocimiento a los perseguidos políticos acusados de terrorismo. Mientras por el contrario no se hace ninguna mención a las reservas (restricciones en términos coloquiales) con las que Chile suscribió los pactos sobre el estatuto de los refugiados, reservas que podrían entenderse en términos históricos y que hoy no se justifican de ninguna manera.
Igualmente resulta contradictorio las declaraciones sobre una supuesta política migratoria, mientras se mantiene la legislación vigente, se desconocen los avances logrados en los procedimientos migratorios, se hacen defensas cerradas de las prácticas abusivas y se deja en claro “que ningún extranjero que haya tenido problemas penales se quedará en Chile” como así lo señaló el Subsecretario del Interior Patricio Rosende, declaración aplicada en los casos de José Llanos y Genaro Quispe, ello inclusive con el aval cómplice del poder judicial, desconociendo las leyes y tratados que ha asumido el estado chileno.
Por ello ratificamos nuevamente nuestro compromiso en seguir luchando contra estos atropellos, en defensa del Derecho de Refugio y del Derecho de Migración. Llamamos a todos a que se sumen a esta lucha. Declaramos en particular que no cesaremos en seguir denunciando este doble estándar.

¡ VIVAN LOS PUEBLOS DE CHILE Y PERÚ ¡
¡ EN DEFENSA DEL DERECHO DE REFUGIO Y LA MIGRACIÓN ¡
¡ NO A LAS EXPULSIONES ILEGALES ¡

victoria popular sobre los intereses mezquinos de la oligarquía golpista

Comunicado del Frente Nacional de Resistencia sobre acuerdo en Honduras

Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado
Marea Socialista

Comunicado No. 32

El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, ante la inminente firma del acuerdo negociado entre la comisión representante del presidente legítimo Manuel Zelaya Rosales y los representantes del régimen de facto, comunica a la población hondureña y la comunidad internacional:
1. Celebramos como una victoria popular sobre los intereses mezquinos de la oligarquía golpista, la próxima restitución del presidente Manuel Zelaya Rosales. Esta victoria se ha obtenido con más de 4 meses de lucha y sacrificio del pueblo, que a pesar de la salvaje represión desatada por los cuerpos represivos del Estado en manos de la clase dominante, ha sabido resistir y crecer en conciencia y organización hasta convertirse en una fuerza social incontenible.
2. La firma por parte de la dictadura del documento donde se establece “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio”, representa la aceptación explícita de que en Honduras hubo un golpe de Estado que debe ser desmontado para volver al orden institucional y garantizar un marco democrático en el que el pueblo pueda hacer valer su derecho de transformar la sociedad.
3. Exigimos que a los acuerdos que se firmen en la mesa de negociación se les de trámite expedito en el Congreso Nacional. En ese sentido, alertamos a todos nuestros compañeros y compañeras a nivel nacional para que se sumen a las acciones de presión para que se cumpla inmediatamente lo consignado en el documento final que se elabore en la mesa de negociación.
4. Reiteramos que la Asamblea Nacional Constituyente es una aspiración irrenunciable del pueblo hondureño y un derecho innegociable por el cual seguiremos luchando en las calles, hasta lograr la refundación de la sociedad para convertirla en justa, igualitaria y verdaderamente democrática.

“A 125 DÍAS DE LUCHA AQUÍ NADIE SE RINDE”
Tegucigalpa, M.D.C. 30 de octubre de 2009
Fuente: http://mareasocialista.com/internacional-455.html

PARA PENSAR EN LO LIBERTARIO Y SU POSIBILIDAD HOY EN LA PRAXIS

Por Acrata Revolucionario Indoamericano

Red de Prensa Popular

Latinoamericana

El socialismo libertario es un grupo de filosofías políticas antiautoritarias que siendo parte del socialismo apuntan a crear una sociedad sin jerarquías políticas, económicas o sociales - una sociedad en la que todos las instituciones violentas o coercitivas se disuelvan, y en su lugar todas las personas tengan libre e igual acceso a las herramientas de información y producción, o una sociedad en la que tales instituciones coercitivas y jerarquías se redujesen drásticamente en cuanto a su alcance. El socialismo libertario es una corriente con un trasfondo de respeto y valoración al sujeto o individuo, y que considera a la libertad como el camino y el objetivo del socialismo, busca que las personas decidan sobre sus vidas directamente.

Características

Esta igualdad y la libertad se lograría mediante la abolición de las instituciones tales como el capitalismo o la propiedad privada (o lo que los socialistas libertarios entiendan como tales), con el fin de que el control directo de los medios de producción y los recursos sean compartidos por la clase trabajadora y la sociedad en su conjunto. También constituye una tendencia de pensamiento que busca identificar, cuestionar y desmantelar prácticas ilegítimas de la autoridad en todos los aspectos de la vida social. En consecuencia los socialistas libertarios creen que "el ejercicio del poder en cualquier forma institucionalizada - ya sea económica, política, religiosa, sexual o - brutaliza tanto al que lo ejerce y como a quien se somete."

Si bien muchas variedades de socialismo hacen hincapié en el papel del Estado o del partido político en la promoción del control del Estado y de ingeniería social, los socialistas libertarios depositan sus fuerzas en los sindicatos, los consejos de trabajadores, los municipios, las asambleas ciudadanas, organizaciones de base, y otros medios de acción no burocráticos y descentralizados (la autogestión, la democracia directa, la autonomía de los movimientos sociales, la descentralización o distribución del poder, etc.). La mayoría de los socialistas libertarios buscan acabar o reducir el Estado, viéndolo como un baluarte del orden de la clase capitalista. En ocasiones se equipara socialismo libertario a anarcosocialismo, sin embargo no todos los socialistas libertarios son necesariamente anarquistas.

Corrientes

Algunas de las mejor conocidas ideologías socialistas libertarias son:

Dentro del anarquismo, las principales vertientes del anarcosocialismo.

El marxismo libertario (con corrientes como el autonomismo, el consejismo, el luxemburguismo, el situacionismo).

El neozapatismo. El socialismo autogestionario. Parte del mutualismo Democracia inclusiva y Otras.

Contexto

Usualmente se ha considerado al socialismo libertario como un sinónimo del anarquismo, pero define más bien tanto a las corrientes aproximadas o similares al anarquismo desde tesis socialistas. El uso de la palabra "libertario" es usada como sinónimo de anarquista o como similar al anarquismo. El uso de la palabra "socialismo" es referente a que estas corrientes son anticapitalistas (pero de forma antiautoritaria). Es de tomar en cuenta de que:

El anarcosocialismo es el sector propiamente anarquista del socialismo libertario, considera que es el Estado el productor del sistema económico injusto, promoviendo soluciones colectivistas voluntarias para una sociedad sin Estado.

Todo libertario es socialista pero no todo socialista es libertario.

El comunismo libertario o anarcocomunismo no debería ser considerado como sinónimo de socialismo libertario. El comunismo libertario es una rama particular dentro del socialismo libertario.

Economía

La definición de socialismo de estas escuelas viene a ser "los medios de producción en manos o en propiedad de los productores" en lo económico y "las decisiones que afectan a todos tomadas entre todos" en lo administrativo. La palabra "socialista" fue originalmente definida para incluir "a todos aquellos que creen en el derecho del individuo a la posesión de lo que él o ella produce".

Los socialistas libertarios abogan por la abolición de la propiedad capitalista de los medios de producción y el Estado, considerándolos como instituciones dañinas e innecesarias, creyendo en su lugar por derechos de propiedad-posesión y asociaciones libres. Fuera de las discusiones teóricas y análisis más complejos al menos se puede ubicar un principio económico (y además ético) generalmente aceptado por todo el anarcosocialismo: donde el trabajo es individual la propiedad debe ser ser individual, y donde el trabajo es colectivo la propiedad debe a su vez ser colectiva.

Es decir, proponen que los trabajadores manuales e intelectuales tengan el capital y dirección de sus propias empresas; existen varios métodos propuestos para lograrlo.

Para Galvarino Lepicheo, zanahoria y garrote

Beca para dar la Prueba de Ingreso en la Universidad y prisión para no darla .
Lucía Sepúlveda Ruiz
Rebelión
El “diálogo” que lleva adelante el gobierno de la Presidenta Bachelet con el pueblo mapuche incluye la práctica de la zanahoria y el garrote. José Galvarino Lepicheo (19 años), joven mapuche del sector Huentelolén ubicado en las cercanías del lago Lleu Lleu, logró obtener la beca estatal para dar la prueba de ingreso a la universidad (PSU) en diciembre. Pero no podrá presentarse a rendirla. Desde el 15 de agosto de 2009, el joven estudiante está preso en Lebu bajo acusaciones de la ley antiterrorista.
El próximo viernes 23 de octubre, el Juzgado de Garantía de Cañete decidirá si José Galvarino Lepicheo permanecerá en prisión preventiva los ocho meses originalmente fijados como medida cautelar, o si el juez le permitirá retomar sus estudios en el Centro de Educación Integrada de Adultos “Quimahue” de esa ciudad, donde cursaba tercero y cuarto medio. Si no se presenta en noviembre, no podrá concluir esos estudios y perderá su única oportunidad de usar la beca de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB, que sólo se otorga una vez. En la marcha del pasado 12 de octubre en Santiago, podía observarse un lienzo pidiendo su libertad y apoyando su derecho a estudiar. En diversos centros de estudio de la capital y regiones han aparecido afiches denunciando su caso.
Premio y castigo
José Lepicheo Machacan y Claudio Tranamil Ñanco - joven dirigente de la comunidad Nicolás Calbullanca - fueron detenidos al interior de una escuela ubicada en la Comunidad Pascual Coña, en el sector del Lago Lleu-Lleu, el 15 de agosto, en vísperas del funeral del comunero Jaime Mendoza Collío, asesinado por Carabineros en la comuna de Ercilla. Esta escuela fue abandonada por el Estado chileno, arguyendo el nivel de conflictividad del sector, y los propios mapuches están desarrollando un proyecto de autogestión educativa con sus propios programas y clases. Los jóvenes están acusados de asociación ilícita terrorista y la “prueba” de la fiscalía son imágenes de un corte de ruta en el camino de Cañete a Tirúa, en que fueron heridos unos policías al día siguiente del asesinato de Mendoza Collio, captadas por la cámara filmadora de Lepicheo. La cámara fue ganada por él en un concurso de cuentos organizado por FUCOA (Fundación de Comunicaciones del Agro). Lepicheo obtuvo el segundo lugar con el relato “La machi recuperando sus medicinas para la gente”.
Detención en 2007
José Lepicheo vive en el sector de Huentelolen, cercano al lago Lanalhue. El Estado chileno está a punto de de lograr que pierda por segunda vez su año escolar, producto de la prisión. Cuando fue detenido, cumplía en libertad vigilada una sentencia de tres años. Había sido arrestado en noviembre de 2007, a los 17 años, constituyéndose en el primer caso de preso político mapuche menor de edad. Se le condenó por el incendio de un vehículo durante una movilización desarrollada durante la huelga de hambre de Patricia Troncoso. Su padre, José Ignacio Lepicheo Machacán, y su mamá, Domitila del Carmen Macacan Huenul, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción denunciando que su hijo resultó herido en un ojo derecho y fue objeto de golpizas y maltratos en el centro de detención de menores de Coronel (CERECO), lo que generó un amplio movimiento de solidaridad que permitió su libertad condicional.
El bisnieto de Angelita Huenuman
En la audiencia del 23 de octubre también se verá la revisión de medidas cautelares de Carlos Muñoz Huenuman, bisnieto de Angelita Huenuman, quien inspirara la canción homónima de Victor Jara. El es un respetado líder de su comunidad Venancio Ñeguey, de la cual ha sido presidente. También se pedirá la libertad de otros presos del sector Puerto Choque: Juan Carlos Parra Leiva y Claudio Marcelo Tranamil Ñanco, todos ellos detenidos por la ley Antiterrorista en la cárcel de Lebu.
Carlos Muñoz y Juan Carlos Parra Leiva permanecen en prisión desde el 8 de abril de este año, acusados, entre otros montajes, del atentado al fiscal Elgueta. La acusación solo estaba respaldada por el secreto de las declaraciones de los testigos protegidos. Su abogado defensor, Nelson Miranda, logró finalmente acceso a estas declaraciones, llegando a la convicción que las pruebas no tienen el carácter que les atribuye la fiscalía.
Juan Carlos Parra Leiva trabajaba en Rancagua para paliar la grave situación económica que afecta a su familia. Claudio Tranamil Ñanco es un joven dirigente que ha viajado a exponer la situación de su pueblo a Europa. Su detención le impidió viajar a un encuentro en Australia. Los jóvenes comuneros representan una muestra de los nuevos liderazgos en la nación mapuche. El montaje policial que les afecta es considerado por sectores de derechos humanos y las organizaciones del pueblo mapuche como un intento de desarticulación de las luchas por la recuperación de su territorio ancestral.
Las comunidades de la zona de Lleu-Lleu han anunciado que asistirán a la audiencia a apoyar a los jóvenes comuneros.

COMUNICADO PÚBLICO

COORDINADORA MAPUCHE ARAUCO MALLECO

Comunicamos a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:Dado que no ha existido ninguna señal del gobierno de poner fin a las fuerzas represivas en nuestras comunidades, hemos tomado una decisión como Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco. Manifestamos públicamente nuestra renuncia a la nacionalidad chile, y declaramos territorio de la nación autónoma mapuche desde río Bío bío al Sur, a partir del reconocimiento explícito que el Estado hace sobre su existencia en el Tratado de Tapihue de (1825) Art. 19.Por lo cual damos por terminado todo dialogo con la republica de chile y le declaramos la guerra, desde hoy 20 de octubre de 2009 en adelante. Y llamamos a todas aquellas comunidades a seguir la misma senda para poder lograr la expulsión completa a todos aquellos objetivos que operan en nuestra nación mapuche

Por ello, asumimos en plenitud la reciente acción desarrollada por nuestros Weichafes Pehuenches, Nagche, Lafkenche, pichunches y huilliches de las Comunidades Mapuche en conflicto de la CAM comunicamos a nuestro pueblo y a la opinión publica lo siguiente:Martes 20 de octubre del 2009, nuestros Weichafes realizaron acciones en contra de dos camión de la empresa forestal EL Bosque, que se encontraba circulando en la ruta que une Collipulli con la ciudad de Angol, específicamente en el alto de Cancura, en la Región de La Araucanía. Que estas prestaban servicios a Forestales, resultando dos de estas máquinas destruidas.Estas acciones tienen como único objetivo repudiar todos los últimos hechos de violencia en contra de nuestra nación mapuche, y a la vez respaldar el proceso de recuperación de tierras de nuestras comunidades en conflicto. Esta es también una forma en que nuestros Órganos de Resistencia del Territorio Mapuche- Pehuenches, Nagche, Lafkenche, pichunches y Huilliche expresan su repudio a las condenas sufridas por nuestros hermanos recluidos en las diferentes cárceles del estado chileno y la forma de comunicar que de seguir existiendo prisión política y condenas, estas acciones se seguirán realizando por parte de nuestros weichafe, apoyados por todas las comunidades Mapuche de la nación mapuche .Por último, reafirmamos nuestra convicción de seguir en la senda de nuestros antepasados que con fortaleza se ofrendaron a la causa de la justicia y dignidad de nuestro hermoso y heroico Pueblo Nación Mapuche. La Coordinadora está más fortalecida que nunca en su lucha por el Territorio y Autonomía.Mientras exista pobreza y miseria a raíz de la falta de tierras con políticas de estado que legitiman el despojo territorial, la CAM seguirá existiendo.

Con la fuerza de de nuestros Futa Keche Kuifi y Weftun (renacer de los nuevos guerreros), que germinan y multiplican por todo el WALLMAPU por una causa que se convierte día a día en una causa más sagrada.

¡MARICHIWEU!

Órganos de Resistencia Territorial ORT-CAM.

¡Territorio y Autonomía a la Nación Mapuche !

¡WEUWAIÑ PU PEÑI, PU LAMNIEN! FUERA LAS FORESTALES Y LATIFUNDISTAS DEL WALLMAPU

TERRITORIO Y AUTONOMIA PARA LA NACION MAPUCHE CON LEMUN Y CATRILEO

¡¡WEUAIÑ!!

AMAZONIA LIBRE Y AUTÓNOMA

Ecuador: Entre dos aguas . (ENTRE PANCHANA Y SANTI)
octubre 1 de 2009.
Acabo de leer dos comunicados que, por cuerda separada, enviaran la Confeniae y el Ecuarrunari respectivamente, las dos columnas más fuertes de la Conaie.
Leyendo ambos, se miran bien las diferencias y semejanzas en los estilos y contenidos de ambos comunicados: los indígenas de la Amazonia sostienen distintas posturas a los Indígenas de la Sierra , aunque concluyan en similares apreciaciones: Confeniae vs. Ecuarrunari. Se nota que el aguerrido e histórico Ecuarrunari fue presionado por las circunstancias y arrastrado por los acontecimientos, así como por la corriente amazónica de la Conaie , esa misma corriente que desplegó el levantamiento del 2000 con un as debajo de la manga: la "unidad indígena-militar" con el General Sandoval y el Coronel Gutiérrez... y que hoy (los amazónicos) han logrado arrastrar a todo el movimiento, incluido el brazo político Pachakutik (por contraste, el sector Costa de la Conaie ni suena ni truena) para que se vean obligados a incluir posturas radicales in-extremis, a fin de garantizar que no haya división en la máma Conaie.
Creo que Humberto (Cholango), el responsable y joven líder del Ecuarrunari, es un cuadro totalmente distinto al señor Santi, al que lo acaban de castigar en la Amazonia con una "ortigueada" por haber suspendido el mismo día de iniciado, el "levantamiento nacional", hoy concentrado en la amazonia ecuatoriana. Pero esas diferencias de visión en el movimiento indígena de la Conaie , no tamiza el régimen, o las manipula burdamente a su favor... pues prefiere satanizar -en un solo paquete- a todos, al estilo discursivo de los anteriores gobiernos: Noboa, Bucaram, Gutiérrez, Mahuad... Ése fue y sigue siendo el peor error del actual régimen: desconocer los matices ricos y numerosamente amplios del mundo social organizado contestatario del Ecuador, tanto urbano como rural, tanto gremial, partidario, cuanto organizativo y local; y haber minimizado durante 3 años de gobierno progresista, a muchísimos sectores sociales que abrieron la ruta de la "Revolución Ciudadana", en las luchas previas de los ochentas, noventas y las más recientes contra el TLC, para co-derrotar a Alvaro Noboa en las elecciones, para apostar por el Sí en la consulta, sectores como éste, el más fuerte orgánicamente hablando en la Conaie (aunque sea minoritario en relación al Ecuarrunari) y peligrosamente radicalizado, el de la Amazonia , debido a la visión estatal de "Desarrollismo Extractivista" a toda costa, de Rafael Correa y los tecnócratas del Senplades.
Hoy, simplemente, Correa, PAIS y el gobierno, pagan las consecuencias. La derecha mira en el graderío, sabiamente, un match entre sectores que siempre debimos estar en un solo haz, dentro del proyecto de cambio y del propio gobierno, ahora enancado sobre todo, en una gaseosa "revolución ciudadana sin ciudadanía", ciudadanía que -paradójicamente- ni siquiera la organiza, despedezando o intentando despedazar a los movimientos sociales que lo apostaron todo a este proceso y a Correa: los más pobres entre los pobres en la Amazonía alejada del pastel y del coctel, los sectores más conscientes y curtidos en luchas de décadas: los profesores, los sindicatos, los campesinos, los indígenas, los estudiantes... Por eso ahora lucen escondidos, dejando que se "queme" el Presidente, los grupos de poder interno en el gobierno, que siempre fueron la Derecha de este proceso y los ambiciosos de toda laya que desprecian la construcción del poder popular como ariete de la consolidación de una revolución, porque quieren gobernar en su nombre.
Pero, obviamente, el que los indígenas amazónicos, con el apoyo político conceptual de algunas ONGs radicales hasta el ayatolismo, y sectores más ultra del oenegeísmo nacional y del cacicazgo social y político local (las posturas demagógicas de Tibán y Pachakutik tampoco ayudan en nada: arrastrados por la marea amazónica y sin discurso alternativo de cambio y poder), hoy exijen una AMAZONIA LIBRE Y AUTÓNOMA CON REGIMEN ESPECIAL, desplazando al paradigma indígena de los 90as., el de un Estado Plurinacional, por una suerte de "santacruceñismo popular de izquierda".
A los análisis abundantes sobre el separatismo/regionalismo como otro eje de ataque al Bloque de Poder Regional Latinoamericano (Zulia, Guayaquil, Sta. Cruz, Loreto, etc.) hay que sumar este nuevo rostro que ha emergido confusamente: los indígenas amazónicos, más caciques locales tipo provincia de Orellana y ONGs talibán, en un entramado complejísimo, socialmente legitimado y muy peligroso políticamente: no cree en Venezuela, en Cuba, en Brasil, en América unida... máxime tolera a Evo. Y punto. Pero este nuevo mapa regional local se venía venir, señores del palacio de Gobierno en Quito. Lastimosamente, el oficialismo, que desprecia tanto a tantos en El Abajo, solo se veía durante 3 años en el espejo, pero allá en el Arriba.
Hay que salvar a la Conaie , o lo que queda de ella como acumulado histórico. Quizás es hora de salvar al Ecuarruanari. Porque si fracasan, si el Ecua no logra imponer su visión, hegemonizará este movimiento una fuerza diversa y atomizada como toda sociedad civil, asentada en una suerte de "santacruceñismo popular de izquierda" y en demandas legítimas en lo social y natural.
Y eso implica reclamar un Diálogo Total y directo, de Rafael Correa, y no de sus ineptos ministros que se han deslegitimado tanto en estas dos semanas, con los movimientos sociales organizados, incluida la izquierda social, la política, el MPD, el PSE, los gremios de la diversidad y todas las agrupaciones y bloques sociales que realmente empujaron este proceso los últimos 15 años, los sindicatos, los indios, los maestros, los estudiantes, los activistas de DDHH, los que resistieron a la Texaco , los que se opusieron a la base de Manta cuando las papas quemaban, los que confrontaron al Plan Colombia en la frontera durante 10 años, etc., es decir todos los que hoy salen a la calle y la carretera, pero no sólo por el tema agua, educación y minería, que son cruciales, sino para configurar cómo co-gobernar juntos (PAIS y este bloque mega-diverso y disperso ahora) un proyecto conjunto de Transformación y Poder, estrategia que el régimen ha detestado hacerlo en 3 años, ni lo hará hoy, por varios factores, todos ellos resumidos en un Poder concentrador, estilo partido único (pero no estilo europeo de inicios del siglo 20 sino estilo PRI mexicano, cuya comedia en cine "La ley de Herodes", el buró de PAIS, patéticamente, ha instruido que lo vean sus militantes y cuadros) y en el maltrato infamemente impune durante 3 años seguidos a los sectores organizados que peleamos siglos por el cambio y que apoyamos este proceso y a este gobierno sin desear el carnét verde-agua.
E implica, en lo táctico, exijir la renuncia, ¡y lograrla!, de 2 ministros que en lugar de calmar las aguas, han echado gasolina al fuego: el de Educación y el de Seguridad (el sr. Raúl Vallejo, tan anti-correísta que logró poner a Correa contra un sector importante de la izquierda nacional; y el académico Miguel Carvajal, a quien cuestionamos desde cuando era viceministro de Defensa a inicios del 2007 por argumentar estúpidamente que en el paro de Orellana -precedente social de este enorme agujero negro que en la Amazonia acaba de destaparse- había "la mano de las Farc"), por su política torpe e irresponsable de confrontación y de represión, lo que ha terminado poniendo a Correa contra la pared. De seguro éste querrá botar la pared en lugar de acercar posturas ahora, para construir un proyecto conjunto urgente, si queremos salvar la ventana de oportunidad histórica de cambio que cuajara en Sudamérica y Ecuador.
Pero eso no lo hará, porque el "software" de la Revolución ciudadana tiene 5 ejes que impiden la democracia participativa, que es la médula del nuevo socialismo del siglo 21, ejes que ya develé el año pasado en un solo canal y un solo medio digital que en Ecuador lo permitieron (Ecuavisa y Ecuadorinmediato.com): 1. tecnocratismo (manda Senplades, no el poder popular, tan "ignorante" para los refinados gustos de esta nueva nomenclatura); 2. anti-"corporativismo", es decir destrucción de las organizaciones naturales y sociales contestatarias, para amalgamar un partido "único" estilo Sin Feinn (porque quiere decir: "Nosotros Solos"); 3. Desarrollismo extractivista, producto de la mentalidad neciamente técnica de Correa y su "Revolución de los PHds"; 4. PRI-ización del buró y "mexicanización" paulatina y creciente del movimiento PAIS; y 5. abandono de los ejes realmente importantes de transformación, del socialismo del siglo 21, bandera del propio Presidente; es decir, el intentar una "revolución ciudadana" sin ciudadanía organizada.
En lo inmediato, si quisieran desactivar el conflicto, tendrían que dar una muestra inteligente: el conflicto bajaría al 20% si se lograra que Correa pida la renuncia a esos 2 ministros citados. La UNE podría ver una señal y la Conaie de igual modo.
(Pero eso es pedir peras al olmo: se pusieron histéricos en el palacio cuando se les propuso, confidencialmente, que desactivaran el inicial conflicto de los maestros hace 2 semanas, renunciándole al Ministro de Educación y mandándole -como premio consuelo a la tecnocracia educativa-, de embajador a algún país cultísimo de Europa, como ha sido la práctica de este gobierno en otros casos que conocemos bien. Pero, lastimosamente, habían respondido "¡hoy es cuándo!", añadiendo que pueden aniquilar a la UNE , gremio que ha logrado convocar esta semana miles de maestros en asambleas multitudinarias, y ahora, además, creen que pueden aniquilar a la CONAIE , pactando con oportunistas que no dan la talla sino para cargos y clientelismo, estilo Feine, estilo la pobre FEI (que el régimen sabe que no convocaría ni a 500 indígenas de El Pesillo para que marchen a Quito a defender al palacio... porque la FEI histórica fue reducida a "ong" por el pírrico Partido Comunista -P.C.-, del Ecuador) y, finalmente, a los gentleman de poncho convertidos en desgastantes funcionarios políticos de la nomenclatura legislativa de PAIS en la Asamblea ).
Correa no lo sabe, o se olvidó pronto, que el P.C., la Fenocin y la Feine , antes de que PAIS decida tomarlos como aliados de su proceso, estuvieron "del pipí cogido" con Lucio Gutiérrez y el PSP, que es la extrema derecha más lumpen que hoy asume ser el brazo de Uribe en el Ecuador; y algunos saben bien que nos traicionaron algunos de ellos horas antes de la conspiración enorme que varios hicimos en el 2004 cuando teníamos preparado el asalto social contra el palacio de Gutiérrez, un año antes de su derrota total. Resultados: El secretario general del P.C. estuvo hasta el 20 de abril con Lucio, y cuando Gutiérrez huía en avión y se hallaba lejos, el patético camarada seguía en el palacio de Carondelet emitiendo boletines "urgentes" dirigidos a los P.C. de América con el cuento de que "el imperialismo había sacado a un gobierno popular como el de Gutiérrez"; la otra entidad que ahora Correa y sus "geniales" PHds intentan oponer a la Conaie , inauguró su local con ayuda económica y pública de Gutiérrez a fines del 2004, y la Feine -para rematar- sacó sus pocas huestes el 20 de abril de 2005 a enfrentarnos al pueblo de Quito.
Hay un sector sectario de PAIS y del régimen, que todo ve en blanco y negro: ahora salen con la cantaleta de que " la CIA está detrás de Cholango". Casi como decir, desde el otro lado, que Correa es "agente del imperialismo". Imbecilidad hay en las dos aguas. Y hay un sector infame en PAIS que piensa que Fenocin y Feine deben sacar sus huestes a Quito para confrontar en el terreno nada menos que a indígenas guerreros de la Amazonia y al propio Ecuarrunari. De aplicarlo, sería el fin ético del régimen: Hacer pelear indios contra indios. Y, finalmente, hay un sector de PAIS que pide sacar sus bases populares a despejar las carreteras. Lo hizo Gutiérrez en el 2005 y ya sabemos qué pasó. Sería el fin del régimen así gobierne los siguientes 10 años; no tendría ningún sustento ético, y los que sigan en ese "proceso", de darse semejante barbaridad, sabremos por qué se quedarían: por puestos y cargos, y no por empujar la revolución... "hasta donde den las sábanas". (El ministro Carvajal acaba de anunciar Estado de Excepción en Quito, Guayaquil y Manta, "contra la delincuencia y no por el levantamiento"... ¡solo los asesores de Micheletti, el folklórico Pinochet de Honduras, han cometido agudezas tan inteligentes!)
Pero, en el otro lado, los amazónicos y la Confeniae tienen un complejo entramado separatista en sus manos, que no puede ser apoyado por el Ecuarrunari ni por la UNE , ni por nadie que tenga 2 dedos de frente. En suma: tanto los tecnócratas del palacio y la asamblea legislativa se equivocaron (el "compañero" Rolando Panchana exige medidas duras y juicios penales contra los manifestantes), cuanto los asesores mishus, los dirigentes indios y sus ONG-satélites.
Estuve en un evento, semanas previas al levantamiento, en un punto de la Amazonia : fue penoso constatar que se imponían visiones sectarias y localistas, que se aceptaba el discurso demagógico y manipulador de ciertas ONGs, y que una postura tan ultra y miope era asumida por dirigentes urbanos y rurales amazónicos. Me llamó la atención que solo querían definir la ruptura total con Correa... Pero también estuvo una delegada del gobierno "revolucionario" (una funcionaria de cuarta categoría mandó el régimen a ese evento, en señal torpe y miope de desprecio y prepotencia, debido al menosprecio estructural que tienen por los movimientos sociales organizados y por las organizaciones populares de izquierda sin carnét de PAIS) y se destacó públicamente ante 120 delegados amazónicos porque no conocía nada, en absoluto, de la espinosa realidad amazónica, de los movimientos sociales y de la diversidad enriquecedora de las organizaciones populares del Ecuador. La mediocridad y el legalismo tecnocrático de su discurso se destacó mucho en ese evento crucial, previo al levantamiento: Llegó a decir que el gobierno no dialogará con las dirigencias ni las organizaciones, sino "con las bases, pero sin intermediarios". Ignorancia y prepotencia marcada por el estilo "centralismo democrático" de los comisarios de Beria en los años treintas. Empero, lo que más me conmovió fue lo que la gente sencilla, la más humilde, tomando la palabra para "fuetear" a la delegada oficialista de cuarta, al final del evento señaló: "Apoyamos este proceso, pero no somos escuchados. Así que el tiempo de la revolución ciudadana ha pasado y entramos a nuestro tiempo: al de la revolución social".
Así que el panorama es más complicado de lo que imaginan los asesores y ministros que no le dicen la verdad al sitiado Presidente.
Y es que entre esas 2 aguas turbias estamos navegando hoy: entre los separatistas de izquierda, y la derecha del régimen izquierdoso (Porque la ceguera de Rafael Correa es agua de otro molino).
No podemos tolerar esta muestra curiosa de separatismo infame en la nueva Sudamérica, aunque se cubra de legítimas demandas sociales. Pero debemos exijir que el Pdte. Correa no base en el inconsulto desarrollismo extractivista el despegue hacia el cambio, y que cumpla con el eje central de todo socialismo del siglo 21: la participación, la democracia participativa REAL, que aquí en el Ecuador del 2009 debería significar, antes que sea demasiado tarde para todos, co-gobierno de PAIS y Correa con la izquierda social y política, con los indios, los trabajadores, los maestros y estudiantes, los defensores de DDHH, los ecologistas y las organizaciones populares que resisistimos el neoliberalismo y abrimos el camino a PAIS y a la presidencia de Correa. El régimen ha disminuido la "participación" a una opereta de "talleres" con bufet incluido, y a almuerzos en palacio con pequeñas organizaciones que, en vano, intentan desplazar a la Conaie desde hace años. Esos han sido "talleres pelucones (ricos en el idioma presidencial) para pobretes", pero financiados (los talleres) por el gobierno y la cooperación internacional lograda por Senplades. Así, es obvio entender que en lugar de sumar, han restado, que en lugar de una revolución, están haciendo refritos con dineros de la USAID , y que en lugar de echar agua al incendio, hicieron todo lo posible por despertar al gigante dormido.
Truena el cielo de América: golpe en Honduras, nuevas bases en Panamá, ya no sólo en Colombia, aceptadas hace poco por el nuevo régimen de derecha allí vencedor electoral, reacción de la derecha mundial contra el proceso latinoamericano, invisibilización de los movimientos populares y sociales en la inmensa mayoría de los procesos gubernativos progres de Sudamérica, retrocesos graves en Argentina, inminente triunfo electoral de la extrema derecha con Sebastián Piñera en Chile.....
Y aquí, en el Ecuador.... ahogados entre dos aguas que no pueden representarnos: ahogados entre Panchana y Santi...
¡Qué maravilla!

alexis ponce

Persecucion por denunciar delitos

Natalie Roque: “El Frente Nacional de Resistencia es un parteaguas en la Historia hondureña”

En entrevista telefónica desde Tegucigalpa, la historiadora Natalie Roque Sandoval (1983), se defiende ante la acusación del delito que le imputan los golpistas: “Emisión de pensamiento y difusión de material público”; siendo Directora de la Hemeroteca Nacional , buscó en los archivos los antecedentes públicos de la cúpula del régimen de facto, el resultado: la Junta Cívico-Militar está involucrada en violaciones a los Derechos Humanos, robos de automóviles, enriquecimiento ilícito, modificación -a capricho- de la Constitución de la República y tráfico de influencias.
El 21 de julio, Natalie Roque fue desalojada de la Hemeroteca Nacional ; un mes después, el ministerio de “cultura” de facto destituyó al doctor Darío Euraque, director del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), desatando una cacería de brujas que pone en riesgo el Patrimonio Cultural de la Humanidad en Honduras. El revanchismo e ignorancia de los golpistas no tiene límite, Natalie Roque explica: “La sra. Myrna Castro no pudo soportar que frente a frente le expresé mi repudio al golpe de Estado y el desconocimiento a su autoridad de facto, tampoco soportó que publiqué el sucio pasado de sus ahora jefes, denunciándome inclusive ante el Ministerio Público por emisión de pensamiento y difusión de material público”

MC.-Usted fue despedida injustificadamente por la usurpadora del Ministerio de Cultura, ¿qué argumento utilizó Myrna Castro?; ante la destitución, ¿le negaron el derecho de réplica?

NR.-No existió ningún argumento, como en la mayoría de los despidos efectuados por la señora Castro, obedece a motivaciones políticas y por tanto carece de cualquier justificación. Constituyen una medida represiva más del régimen, un intento de acallar las voces y limitar el accionar de intelectuales, académicos y profesionales de la cultura comprometidos con su labor que se han manifestado en contra del golpe de Estado. En la notificación de despido, que tiene el mismo formato que las demás, se “agradece” la labor desempeñada y se me informa la cancelación del contrato laboral. Cuando recibí el oficio, todo el trámite administrativo legal había sido realizado y se me avisó que debía proceder al desalojo de la oficina a la brevedad del caso, salí acompañada por los elementos de Seguridad me escoltaron hasta la calle. Por tanto no existía ninguna opción de apelar, salvo mediante segundas instancias, ante las autoridades del Ministerio del Trabajo, en un proceso de demanda por reintegro, acción que descarté debido a razones estrictamente personales.

MC.-El factor decisivo de su despido fue recordar el expediente del Jefe de la Junta Cívico-Militar , capturado infraganti el 15 de febrero de 1993, ¿cómo relacionó al general golpista Romeo Vásquez con el robo de automóviles?

NR.-El mérito es de un compañero, vinculado a un ex-funcionario de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, que recordaba el caso de Romeo Vásquez y me solicitó la información, ubiqué la noticia en los periódicos resguardados en la Hemeroteca Nacional y posteriormente fue difundida por múltiples medios de comunicación en Latinoamérica y Europa.

MC.-¿Existen otros documentos con antecedentes penales de los golpistas?, ¿por enriquecimiento ilícito?, ¿violaciones a los DDHH aprendidas en la Escuela de las Américas?

NR.-Muchos de los golpistas están involucrados en actos de corrupción, violación de la Constitución , encubrimiento o participación directa en crímenes, enriquecimiento ilícito a costa de los bienes del Estado, el historial es muy extenso. Tal es el caso del Cardenal Oscar Rodríguez, involucrado en el encubrimiento de una masacre de salvadoreños en 1980; Micheletti estuvo detenido por usura y agiotaje en 1980 y fue promotor de una Asamblea Nacional Constituyente en 1985, acto por el que ahora acusan al Presidente Zelaya de traición a la patria. En los últimos años, Carlos Flores Facusse, Porfirio Lobo Sosa, Roberto Micheletti, Rafael Pineda Ponce, impulsaron la modificación y violación de la Constitución de la República para poder optar a una candidatura o favorecer al presidenciable de su partido político. “El régimen de facto cuenta con la asesoría de represores de la décadas 1970-1980 (Billy Joya, Mario Hung Pacheco, Nelson Willy Mejía, etcétera), militares formados en la Escuela de las Américas y responsables de secuestros, asesinatos y desapariciones. Además, como respaldo financiero privado, los golpistas cuentan con reconocidos empresarios que fundaron sus empresas a costa del saqueo de empresas estatales, funcionarios investigados por actos de corrupción y lavado de activos”

MC.-El despido que usted sufrió es parte de la cacería de brujas del régimen de facto, después del golpe quedaron cesantes: la Directora General del Libro y el Documento (Rebeca Becerra) y el Director del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (Darío Euraque); ¿qué circunstancias rondan sus destituciones?, ¿en qué radica la ilegalidad del ministerio de “cultura” de facto?

NR.-En el caso de Rebeca Becerra el despido se produjo casi inmediatamente. Ella es una poeta reconocida, intelectual comprometida, de izquierda, hermana de uno de los desaparecidos en la década de los ochenta. Rebeca, junto a un grupo de colaboradores, participamos en las manifestaciones de la resistencia, realizamos un plantón en el Ministerio de Cultura en repudio al golpe previo a la llegada de la ministra de facto, posteriormente seguimos desempeñando las funciones, sin dejar la resistencia, fuera de horario laboral. Bajo un régimen intolerante y reaccionario, esto constituyó motivación suficiente.“El caso del Dr. Euraque la situación es más inverosímil, pues no se encuentra vinculado políticamente a ningún sector, es un académico e intelectual reconocido que ha investigado y publicado mucho sobre la Historia de Honduras, profesor universitario en Estados Unidos que tomó una licencia para asumir la dirección del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). El Dr. Euraque se opuso a la militarización del Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras (CDIHH), pues esto constituye un atentado contra el patrimonio protegido por convenciones internacionales, al parecer esto fue el detonante para su despido, el cual no se ha hecho efectivo por la resistencia del personal y sindicato de la institución y del mismo Dr. Euraque, quien ha hecho caso omiso del despido, por su ilegalidad.

MC.-¿No procedía un amparo de tipo sindical para usted y la Directora general del libro?

NR.-En el caso del la Secretaría de Cultura, el sindicato ha jugado un doble papel, plegándose a las disposiciones del régimen y colaborando en la cacería de brujas, por lo que el amparo sindical no constituía una alternativa. En el caso del IHAH, el sindicato los ha respaldado totalmente y mantiene acciones de resistencia.
MC.-¿En cuántos países el Poder Judicial persigue de oficio el delito por emisión de pensamiento y difusión de material público?
NR.-La libertad de emisión del pensamiento constituye un derecho fundamental, protegido por legislaciones y convenios en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, en la Honduras post-Golpe esto aparentemente constituye un delito, que puede ser perseguido de oficio. La represión es severa, a todo nivel.

MC.-Con la destitución de la Directora General del Libro y la Directora de la Hemeroteca Nacional , ¿qué proyectos culturales interrumpió el golpe?

NR.-Inmediatamente se procedió a la cancelación del presupuesto de publicaciones hondureñas de la Editorial Cultura , la que realizaba un rescate y reedición de publicaciones hondureñas del siglo XIX y XX, así como apoyo a escritores nacionales. El ministerio de facto pretendió intervenir las bibliotecas públicas, acusándolas de ser centros de adoctrinamiento ideológico del ALBA que poseían “literatura progresista” (cito declaraciones de Myrna Castro), se cancelaron presupuestos para los programas de promoción de la lectura, proyectos de información y difusión, rescate de memoria histórica a través de fuente hemerográfica, proyectos de inventario y rescate de documentos históricos, cerraron el programa de alfabetización, entre otros.

MC.-¿Qué acervos bibliográficos y hemerográficos corren peligro de ser sustraídos por su valor intrínseco?

NR.-Tememos por todos los fondos documentales y bibliográficos resguardados en la Biblioteca , Archivo y Hemeroteca Nacional. La Sra. Castro en algunas declaraciones ha manifestado su intención de censurar publicaciones, por tanto, los fondos de la Biblioteca Nacional y de las bibliotecas públicas del país podría ser sustraídos y destruidos. “Con la propuesta de militarizar el Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras, en el CDIHH se encuentra albergado el Archivo Nacional de Honduras, se pone en peligro el patrimonio documental de la nación, los documentos que constituyen fuentes para la construcción de la Historia de Honduras desde el siglo XVI. En el caso de la Hemeroteca Nacional , resguarda las publicaciones periódicas y seriadas del siglo XX, contiene el registro de sonados casos de corrupción, actos ilegales y crímenes, en los que podrían verse involucrados algunos de los golpistas, por lo que tememos también una destrucción de estos fondos”

MC.-En Latinoamérica estábamos a años luz de la censura editorial, ¿qué libros prohibirán los golpistas?, ¿veremos hogueras organizadas por los militares donde se incendien libros de Historia y literatura subversiva?

NR.- La censura puede abarcar una gran cantidad de literatura, los golpistas carecen de formación y conocimientos, y destruirán a su paso cualquier cosa que les “suene” a “comunismo” “izquierda” o “progresista”. Francamente confío en el pronto retorno del orden constitucional y en la salida de este nefasto régimen; de lo contrario, como ya lo propuso Micheletti, podríamos esperar decretos de censura literaria proveniente del Congreso Nacional y hogueras alimentadas por literatura hondureña y universal.
MC.-Finalmente, la acusaron de protestar en las calles junto a la resistencia, a pesar de que lo hacía fuera del horario laboral; ¿ahora se manifiesta de tiempo completo?, ¿qué dirán los libros de Historia de la heroica resistencia hondureña?

NR.-Desde el inicio estoy en la resistencia, no necesariamente a tiempo completo, pero diariamente me encuentro involucrada de una forma u otra en las actividades: en las calles, mediante la difusión, denuncia y en actividades culturales.“ La Historia de Honduras ha sido redefinida a partir del 28 de junio de 2009, el pueblo hondureño ha despertado, con una enorme claridad y conciencia, la población ha superado el trauma de la represión de los regímenes militares de los años sesenta y setenta, de la Doctrina de Seguridad Nacional de los ochenta, ha salido a las calles en resistencia durante dos meses y continuará el tiempo que sea necesario. La Historia está siendo escrita diariamente en las calles, por este pueblo que se ha levantado. Cuando se construya la nueva Historia de Honduras, el Frente de Resistencia contra el Golpe será un parteaguas en nuestra Historia inmediata, la sociedad hondureña ha sido transformada, el movimiento de resistencia abarca amplios sectores de la sociedad hondureña y se encuentra a las puertas de una verdadera transformación nacional”

El problema poplítico del pueblo Mapuche

Tierra, territorio y autonomía

Juan Carlos Gómez

In Memorian de

Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío

mártires de la actual rebelión mapuche.

Desde fines del siglo XX hasta la actualidad la cuestión indígena ha re-emergido con fuerza en las diversas sociedades de Nuestra América. Los pueblos originarios una vez más se han puesto en movimiento, constituyéndose en los “nuevos actores políticos” que encabezan la rebelión social popular en contra de las “viejas” como de las “nuevas” dominaciones (Bengoa, 2007; Escárzaga, 2007-8 y Gómez Leyton 2007-8).

El pueblo mapuche no ha sido la excepción. Su activa movilización social y política, desde los inicios de la década los años noventa, ha tensionado fuertemente tanto al régimen político post-autoritario como al Estado nacional con sus históricas demandas y reivindicaciones. (Toledo, 2007).

El pueblo mapuche ha debido confrontar desde la constitución del Estado Nacional diversas modernizaciones capitalistas que han afectado profundamente su identidad cultural y existencia histórica. Actualmente enfrenta y se relaciona conflictivamente con la modernización capitalista neoliberal que ha penetrado sus territorios y comunidades poniendo en peligro no sólo su identidad cultural sino también su propia existencia como pueblo. La defensa de sus territorios, su identidad cultural y su propia existencia explica la actual rebelión mapuche.

Por su parte, el Estado nacional en su forma neoliberal, tanto bajo la administración dictatorial como la democrática ha desarrollado distintas políticas hacia el pueblo mapuche con el objeto de su control e integración subordinada a la nación chilena. Durante la fase dictatorial, el Estado neoliberal introdujo profundos cambios al interior de las comunidades mapuche que modificaron sustantivamente sus estructuras económicas, sociales y culturales fundamentales. Destacándose, por ejemplo, la introducción de la propiedad privada de la tierra por sobre la propiedad comunitaria colectiva. Este cambio destrozó uno de los aspectos centrales de la identidad cultural del pueblo mapuche. Tengamos presente que, mapuche, significa gente de la tierra. Por consiguiente, con la introducción de la concepción jurídica, económica y social de la propiedad privada de la tierra se dará inicio a un proceso de descomposición cultural de la relación colectiva y comunitaria con ella.

La tierra, de propiedad comunitaria y colectiva, adquiere una nueva condición y status: la de ser un factor económico. Se constituye en capital físico y en una mercancía transable en el mercado. Así, la instalación de la propiedad privada va a posibilitar que el mapuche, ahora propietarios individuales de la tierra, puedan vender, arrendar o enajenar sus propiedades a las grandes empresas capitalistas nacionales o transnacionales que buscan explotar los recursos forestales u otros que se encuentran en la región de la Araucanía , o sea, en los territorios ancestrales del pueblo mapuche. De esta manera, la re-ocupación territorial de la Araucanía agudiza los procesos de descomposición cultural de los mapuche; impulsándolos a emigrar hacia los centros urbanos del país acentuando los procesos de pauperización que los afectan desde hace décadas.

Los gobiernos concertacionistas de origen democrático que, desde los años 90, se hacen cargo de la administración del Estado neoliberal impulsan hacia los pueblos originarios nuevas políticas. Las cuales inspiradas en las nuevas tendencias y postulados en boga buscan construir una ciudadanía para los pueblos originarios más inclusiva que la implementada a lo largo del siglo XX. Para tal efecto, colocan en primer lugar el reconocimiento de las diferencias y de las particularidades de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional. Se desarrolla la “política del nuevo trato” que implica una nueva relación entre el Estado Nacional y los pueblos originarios. Sin embargo, la ampliación y profundización de las características esenciales de la sociedad capitalista neoliberal, por parte de estos gobiernos, ha provocado la agudización del histórico conflicto con determinados sectores del pueblo mapuche que hoy resisten activamente la ampliación y profundización del capitalismo neoliberal en sus territorios.

Esta nueva fase de conflictividad entre el Estado nacional en forma neoliberal y el pueblo mapuche a diferencia del periodo anterior -1973-1990- se desarrolla en el marco de un régimen político que posee un conjunto de instituciones políticas que combinan las formas democráticas con las autoritarias.

Rastrear las bases de sustentación del conflicto social y político es remontarse al siglo XVI al momento de la invasión de los conquistadores españoles de los espacios territoriales mapuche. Nuestra intención no es hacer ese recorrido sino acercarnos a la problemática actual a través de un planteamiento concreto y específico que señala que la reestructuración capitalista neoliberal en el espacio territorial mapuche constituye una nueva ocupación y destrucción de su principal fuente identidad y de existencia, la tierra. Sostenemos que la actual rebelión mapuche que ya ha cobrado varias muertes de comuneros a manos de la violencia política de la seguridad democrática neoliberal concertacionista se explica, entre otros factores, por la introducción e instalación de la propiedad privada entre las comunidades mapuche. De allí que la tradicional demanda por tierra hoy los mapuche reclaman autonomía política territorial como una forma de contener la destrucción de su identidad histórica.

DE LA PROPIEDAD COMUNAL MAPUCHE A LA PROPIEDAD PRIVADA NEOLIBERAL

La restauración de la dominación capitalista a través del patrón de acumulación neoliberal cuyo pilar central fue el restablecimiento de la propiedad privada de los medios de producción como eje central de la sociedad chilena, constituye la respuesta del capital nacional e internacional a la osadía popular de querer instalar democráticamente el socialismo en Chile. Dicha osadía tenía un carácter revolucionario concreto y preciso que desde la teoría política revolucionaria marxista, supone abolir la propiedad privada de los medios de producción, o sea, la principal fuente y origen de la desigualdad social, del conflicto de clases y del Estado. La mantención de la propiedad privada capitalista minera, industrial, financiera, agraria, etcétera constituían un obstáculo para avanzar en la construcción de la emancipación social y política de los “no propietarios” Entre 1967 y 1973 la estructura de la propiedad privada capitalista experimento drásticas transformaciones. Los sectores dominantes nacionales debieron recurrir a la violencia política militar para defender su principal fuente poder, por ello propiciaron y apoyaron el golpe de Estado de las fuerzas armadas en 1973 en contra del Gobierno Popular de Salvador Allende (Gómez Leyton, 2004)

El principal objetivo de ese Golpe de Estado fue restaurar el orden político capitalista y reestablecer la plena vigencia del derecho de propiedad privada. Para tal efecto, la dictadura militar inicio el proceso de desarmar el área social de producción constituida por el gobierno popular y restaurar las propiedades industriales, mineras, agrarias, financieras a los sus antiguos dueños o entregárselo al capital privado. La única propiedad estatal que se mantuvo hasta ahora es la de gran minería del cobre. En menos de una década la mayoría de la propiedad estatal fue entregada al capital nacional como internacional. De esa forma, la dictadura militar restableció la estructura de la propiedad privada capitalista, trasformándose ésta en la fuente principal de poder social de los actuales sectores dominantes nacionales y extranjeros (Gómez Leyton, 1998).

El proceso de democratización de la propiedad a través de la reforma agraria tuvo importantes implicancias para el pueblo mapuche. La Ley N º 16. 640 de 1967, posibilitaba la expropiación de tierras que se encontraban mal explotadas, abandonadas o que poseían más de 80 hectáreas de riego básico (Correa, Molina y Yáñez, 2005). En el caso de los mapuche, dicha ley fue completada por la Ley 17.729 de 1972 aprobada durante el gobierno de Salvador Allende. Esta ley intentaba frenar el proceso divisorio de las tierras mapuche; además establecía la posibilidad de restituir tierras a los indígenas utilizando para el mecanismo de la expropiación contemplado en la reforma agraria; y crea, para tales efectos, Instituto de Desarrollo Indígena a fin de promover el desarrollo económico, social, cultural integral de los indígenas.

Entre 1965 y 1972 se expropian en las provincias de Arauco, Malleco y Cautín, en territorio mapuche, 584 predios con un total de 710.816 has. Aunque no todos fueron expropiados a favor de comunidades mapuche, sino que también de inquilinos y trabajadores forestales no indígenas. La presión ejercida por el movimiento social mapuche - así como por sectores políticos que los apoyaban - a través de la ocupación de predios colindantes a comunidades mapuche, resultó en la expropiación, y posterior traspaso material a indígenas de gran cantidad de predios sobre los cuales se tenían reivindicaciones históricas. En contraste con las 1.443 hectáreas que a través de las leyes indígenas serían reconocidas a los mapuche a lo largo de la década de los sesenta, durante 1971 y 1972 se habrían sido traspasados a través de la reforma agraria un total de 70.000 has.

Las tierras expropiadas que fueron asignadas a los mapuche, y luego incorporadas como unidades de producción del sector reformado, incluían asentamientos de reforma agraria y cooperativas campesinas constituidas de acuerdo a la ley de 1967, así como Centros de Reforma Agraria promovidos por la administración de Allende. El Estado, a través de Corporación de Reforma Agraria (CORA), apoyó la tecnificación y el desarrollo productivo de las tierras restituidas. (Aylwin O., 2002)

Pacificada militarmente la región de la Araucanía , reconstituida la propiedad privada, despojados, marginados y violentamente castigados los mapuche, el poder de los señores de la tierra libre de toda resistencia se dispusieron, por medio de la contra reforma agraria (Correa, Molina y Yánez 2005:243-291), [1] a seguir arrasando con el identidad y existencia del pueblo mapuche. A través de la implantación del modelo económico neoliberal se liquidó la propiedad comunitaria de la tierra indígena, particularmente a partir de los decretos leyes 2.568 y 2.750 de 1979 que, en la práctica, devino en la división de la tierra. De hecho, dicha legislación “resultó en la división en hijuelas individuales de la casi totalidad de las comunidades reduccionales…. El objetivo de esta legislación era acabar con el status especial de los indígenas y de sus tierras, integrándolos al régimen común del derecho nacional”. Se estima que aproximadamente 2 mil comunidades fueron divididas, “dando origen a alrededor de 72 mil hijuelas individuales con un total de 463 mil hectáreas”

En tan solo una década se produjo la disolución de la propiedad colectiva de la tierra y, si bien es cierto la ley prohibía la enajenación de las hijuelas resultantes del mencionado proceso de división, lo concreto es que muchas de esas tierras mapuche fueron traspasadas a no indígenas mediante transacciones fraudulentas, como, por ejemplo, arriendos por un periodo de 99 años que, en los hechos, equivalen a entregar la tierra de por vida. Pero, además de la imposición de estos decretos-leyes que desintegraron la propiedad comunal de la tierra - componente esencial de la cultura mapuche - la dictadura militar impulsó un proceso de inversión forestal en territorio mapuche. El decreto-ley 701 de 1974 subsidió, y en la práctica financió casi totalmente, la inversión forestal en la zona sur y fue crucial en el desarrollo acelerado de la industria forestal. En la década del setenta las plantaciones forestales ascendían a tan solo 320 mil hectáreas, sin embargo en la actualidad cubren una superficie de 2,1 millones de hectáreas de pino y eucalipto, fundamentalmente. Durante el año 2004 las exportaciones forestales chilenas totalizaron US$ 3.397 millones, cifra récord en la historia de la exportación forestal lo que representa un incremento de 34,6% respecto del valor registrado en el año 2003 y un 47,6% superior al año 2002. El crecimiento y desarrollo de la industria forestal se ha verificado en directa relación con la ocupación y depredación del territorio mapuche, toda vez que el proceso iniciado durante la dictadura militar ha continuado imparable durante los gobiernos concertacionistas y no existe ningún indicio de que esto vaya a cambiar. Por el contrario, la Corporación de la Madera proyecta crecer a 2,6 millones de hectáreas de plantaciones forestales para el año 2010. Además, los empresarios forestales han manifestado, a través de su presidente José Ignacio Letamendi, que “bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia entregaremos la tierra a los mapuche, no tienen la capacidad para cultivarla” (Buendía, 1999:6, citado por Tricot: 2007). En esta misma línea de argumentación, y respondiendo a aquellos sectores mapuche que hablan de una “deuda histórica” del Estado chileno para con el pueblo mapuche, Fernando Leniz, ex ministro de la dictadura y ex presidente de la Corporación de la Madera , dueño actual del fundo Chauquen de 170 hectáreas , señaló que con los mapuche “no existe deuda histórica, lo que se perdió, se perdió” (Buendía, 2000: 11, citado por Tricot: 2007). Sin embargo, parece claro que – como han señalado organizaciones mapuche-lafkenche que elaboraron inicialmente el concepto de “Deuda histórica” - “la acción de estas empresas forestales afectan el medio natural en que nos desarrollamos como pueblo y cultura. Nuestras tierras son erosionadas y contaminadas por los diferentes tipos de tratamiento que efectúan las empresas en estas plantaciones. Podemos asegurar que incluso nuestra propia salud se encuentra afectada y modificada por la acción que en nuestro entorno natural efectúan estas empresas”. (Tricot, 2007:45-46)

La destrucción de la propiedad comunal de la tierra, la instalación de la industria forestal y la marginalidad y pobreza del pueblo mapuche, entre otros muchos factores sociales, políticos y culturales los impulsa -desde los años ochenta hasta hoy- a levantar un conjunto de demandas a objeto de proteger sus derechos y existencia amenazados.

Entre los ejes centrales de esas demandas destacan el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural hasta entonces negada en el país, la participación de sus representantes en la conducción de la política indígena del Estado, la protección legal de sus tierras y aguas, el otorgamiento de tierras fiscales o de tierras particulares adquiridas por el Estado a objeto de poner fin al proceso histórico de jibarización de sus comunidades y permitir la ampliación de sus tierras, y el apoyo al desarrollo económico y cultural de sus pueblos y comunidades.

LA LUCHA POLITICA MAPUCHE: DE LA TIERRA A LA AUTONOMIA TERRITORIAL

Uno de los fenómenos políticos perceptibles en la última década en el sur del país ha sido la evolución experimentada tanto en las características del movimiento social y organización mapuche como en los contenidos de la lucha política. En opinión del antropólogo Roberto Morales “cualquier análisis del movimiento mapuche en la actualidad… [debe considerar] su variedad de formas de organizativas que ha adquirido y su diversidad de énfasis y tácticas de accionar político” (Morales, 2007-8:93). Esta variedad hay que atribuirla a las características de la organización social mapuche: basada principalmente en la estructura de parentesco, que determina una exogamia del grupo, lo que políticamente ha significado el desarrollo de las alianzas entre los grupos de parientes. Esta dimensión en fundamental para entender el cambio organizativo social y político experimentado por el movimiento social mapuche: se ha pasado de la organización mapuche de carácter nacional a la organización territorial.

En efecto, las organizaciones mapuche de carácter nacional que habían jugado un rol central en la defensa de los intereses de su pueblo bajo la dictadura militar, como Ad Mapu, los Centros Culturales Mapuche y otras nacidas en el contexto de la recuperación democrática (Nehuen Mapu, Lautaro Ñi Ayllarewe, Calfulican, etc.), van siendo gradualmente reemplazadas por organizaciones de carácter territorial, tales como Identidad Lafkenche en Arauco, la Coordinadora Arauco Malleco, la Asociación Ñankucheo de Lumaco, la Asociación Comunal Pewenche de Lonquimay, la Asociación Poyenhue de Villarrica, entre otras, que emergen en la última década.[2] A diferencia de las anteriores, cuyos vínculos con partidos políticos o instituciones de la sociedad chilena eran fuertes, estas últimas organizaciones se articulan sobre una base territorial y se definen como independientes del Estado y las instituciones de la sociedad chilena.

Otro cambio significativo se refiere a la demanda política. De una demanda centrada fundamentalmente en la participación en el Estado y en la protección y ampliación de la tierra mapuche, se ha avanzado a fines de los noventa hacia una demanda orientada al reconocimiento de la territorialidad mapuche. Junto a ésta, emerge otra demanda estrechamente relacionada, que dice relación con el derecho a un desarrollo político, económico y cultural autónomo al interior de dichos territorios. Ello no resulta casual, pues es consecuencia de la naturaleza de las demandas territoriales de los pueblos indígenas, las que además de tener componentes materiales como la tierra y los recursos naturales, tienen también componentes inmateriales de carácter político y simbólico.

La nueva orientación de las demandas mapuche se manifiesta ya en las resoluciones del Congreso Nacional del Pueblo Mapuche celebrado en 1997 con participación de las organizaciones territoriales emergentes. Dicho Congreso incorporó el concepto de territorialidad indígena hasta entonces ausente, exigiendo su reconocimiento y protección.[3] En materia de desarrollo, propone que las comunidades indígenas se constituyan en espacios de autogestión y de participación indígena, y de protección del territorio frente a proyectos que perjudican el medio ambiente.[4] El mismo Congreso propuso la autonomía como "eje de articulación del nuevo diálogo que impulsa el pueblo mapuche en su relación con el Estado y la sociedad chilena..."[5].

En una perspectiva similar, el Consejo de Todas las Tierras exige del Estado “...el derecho a la restitución de tierras y territorios, uso y aprovechamiento de los recursos naturales del suelo y subsuelo....”, derecho que debe quedar incluido en una reforma a la Constitución. Reconociendo los distintos componentes de la demanda territorial, se fundamenta el derecho al territorio y los recursos del suelo y subsuelo en dos principios: “uno de orden cultural y el otro desde un principio que sustenta las actividades inherentes a los Pueblos Indígenas en el marco del desarrollo e implementación de su estrategia, en un proceso gradual de la autodeterminación.” [6]

En la misma línea, la organización Identidad Mapuche Lafkenche de Arauco en su propuesta de 1999 plantea, en base a los conceptos de "Pueblo, Nación originaria, control territorial, desarrollo endógeno, autonomía y libre-determinación", la creación de los "Espacios Territoriales de Patrimonio Lafkenche", entendidos como áreas de "protección y conservación de los espacios naturales y culturales" que las comunidades aún poseen en las distintas comunas de la provincia, e incluyen tanto las tierras, como "sus recursos suelo y subsuelo y espacios naturales, de la misma manera que los espacios ribereños y costa que poseemos...". La misma entidad propone que estos espacios sean administrados por una Asamblea Territorial, la que estaría integrada por un conjunto de consejeros territoriales y presidida por un Coordinador Territorial electo por sufragio universal por todas las comunidades de la provincia. Finalmente, se indica la necesidad del reconocimiento de dicha institucionalidad, y de su Coordinador, como autoridad política con derecho a voz y voto en las instancias de participación en el poder comunal, provincial, regional y nacional[7]. Se trata posiblemente de la propuesta más acabada hasta ahora formulada por los mapuche para hacer operativo el derecho a la territorialidad y a la autonomía que reclaman.

Por otra parte, en un comunicado público emitido en 1999 la Coordinadora Arauco-Malleco explica el sentido de su estrategia de recuperación territorial al sostener:

Señalamos que el único logro político real y a largo plazo es el reconocimiento de la existencia de la NACIÓN MAPUCHE y la devolución de espacios territoriales necesarios para el desarrollo de nuestro pueblo...(Nuestra) estrategia tiene como eje central la recuperación de predios que hoy día se encuentran en disputa principalmente con empresas forestales y que son considerados por nuestras comunidades como espacios sagrados para la sobrevivencia y la reproducción de nuestra cultura (Comunicado Público, Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto Arauco -Malleco, Junio de 1999).

La Asociación Ñankucheo de Lumaco, finalmente, ha desarrollado no tan sólo una demanda, sino también una práctica de fortalecimiento territorial que incluye dimensiones económicas, políticas y culturales. La importancia del territorio no sólo como espacio físico sino también como espacio político es resaltada por Alfonso Reiman, su presidente, al señalar: “Si decimos que somos un Pueblo o Nación, pienso que todo pueblo debe conservar su territorio, y hoy lo que tenemos son porciones de tierra, pero no control de un espacio territorial”. La dimensión económica del territorio, así como la necesidad de que los mapuche logren una autonomía en este plano en sus respectivos territorios es uno de los énfasis de Ñankucheo.

Estos cambios en el movimiento y en la demanda mapuche en el último decenio explica el distanciamiento que hoy existe entre las organizaciones mapuche emergentes y el Estado, especialmente con la CONADI. El carácter mixto o bipartito de esta entidad - con representación del gobierno y de indígenas - que parecía tener cierta lógica al momento del debate de la ley indígena, no se compatibiliza con las demandas autonómicas hoy dominantes al interior del movimiento mapuche. Explica también el por qué de la resistencia mapuche a la expansión de la inversión hacia sus espacios ancestrales, expansión que además de provocar los impactos sociales y ambientales antes señalados, es visualizada como una amenaza a la reconstrucción territorial en la que están empeñadas muchas de sus organizaciones.

Según el especialista en asuntos indígenas José Aylwin hay dos factores que explican estos cambios. El primero de ellos dice relación con la incapacidad de la normativa vigente (Ley No 19.253 de 1993) y de la política pública impulsada a la fecha para dar protección a los derechos que los mapuche reivindican, en el contexto económico actual. En efecto, la tierra por si sola, sino va acompañada de derechos sobre los recursos naturales, así como de derechos que aseguren grados mayores de participación y/o control indígena de los procesos económicos sociales y culturales que en ellas se verifican, no asegura hoy las posibilidades del desarrollo material y cultural que los mapuche legítimamente reclaman para sí.

El segundo factor es el conocimiento, que gracias a los procesos de conexión global han adquirido los mapuches y otros pueblos indígenas de Chile, de los procesos que hoy ocurren a nivel internacional y comparado, donde crecientemente se reconocen y protegen los derechos territoriales de los indígenas, así como los derechos de participación, autonomía o cogestión inherentes a ellos.

Sin desmerecer la legitimidad de la demanda mapuche por tierra, la que encuentra su fundamento último en la propia acción del Estado que, con la ocupación militar de la Araucanía , arrebató gran parte de sus tierras ancestrales, y que más tarde con su legislación, legitimó la usurpación de las mismas por parte de no indígenas, cabe reflexionar en torno a la estrategia hasta hoy desarrollada por el movimiento mapuche a la luz de las demandas territoriales y autonómicas que hoy prevalecen en él.

En primer lugar, no existe un planteamiento claro en el movimiento mapuche sobre cuáles son las tierras que reclaman para su pueblo. Los planteamientos existentes sobre la materia son diversos; para algunos la demanda se centra en las llamadas tierras en conflicto (Congreso Nacional Mapuche, 1997) o en disputa (Coordinadora Arauco Malleco, 1999), sin especificar claramente cuales son ellas; para otros se centra en la restitución de “...las tierras que nos han usurpado a causa de leyes y políticas del Estado, tanto aquellas declaradas fiscales, como las que han sido tomadas por particulares y más recientemente por empresas forestales trasnacionales y nacionales...” (Aukiñ Wallmapu Ngulam, 1997). Para el abogado mapuche José Lincoqueo ha esgrimido ante los tribunales los parlamentos celebrados por los mapuches como fundamento para la restitución de cualquier tierra ubicada al sur del Bío Bío.

La falta de precisión, en opinión de Aylwin, en la definición de las tierras reivindicadas por los mapuche contrasta con los avances logrados en esta materia en otros contextos, tanto en América Latina (Bolivia, Brasil, Colombia, México, entre otros) como en Norteamérica (Canadá) donde los pueblos indígenas han desarrollado importantes trabajos histórico-culturales y cartográficos, basados en conocimientos tradicionales y/o en antecedentes jurídicos, destinados a identificar las tierras y territorios que reclaman para sí, sean estos basados en ocupación ancestral, títulos coloniales o estatales, o en su importancia cultural o económica.

Más allá de la indudable justicia de las reivindicaciones de tierra mapuche, la definición de las tierras a restituir por parte del movimiento resulta crucial.. Ello por razones políticas, por cuanto si tales tierras no están hoy en poder de los mapuche, se requiere negociar su restitución con otros actores (Estado, particulares, empresas), para lo cual la certeza de lo reivindicado parece un paso esencial. Adicionalmente se debe considerar el carácter del poblamiento actual del espacio territorial en que hoy viven los mapuche, como un espacio compartido, en que los mapuche son una minoría demográfica en comparación con otros sectores de la población, a diferencia de otros espacios territoriales hoy reivindicados por los pueblos indígenas, tales como la Amazonía en América del Sur o el Ártico en América del Norte, donde los pueblos indígenas constituyen el porcentaje mayoritario de la población. De esta manera, en un espacio con estas características, sería iluso suponer que los mapuche podrían recuperar la propiedad total de su territorio ancestral. Este proceso resultaría complejo, no sólo desde el punto de vista político y económico, sino incluso podría ser cuestionable desde el punto de vista de los derechos de la población campesina no indígena, también pobre, que se ha asentado en áreas rurales en virtud de las políticas desarrolladas por el Estado a lo largo de los últimos ciento cincuenta años.

Lo anterior deja en evidencia la necesidad de avanzar en la definición del espacio territorial reclamado, ya sea que este incluya las tierras y recursos considerados por los mapuches como usurpados, o aquellos que resulten claves para reforzar una territorialidad desarticulada, o los que resulten necesarios para la sustentación material y cultural de los mapuches como pueblo. También parece fundamental la elaboración de propuestas en relación a la futura forma de utilización de dichas tierras y recursos, a modo de asegurar en ellas un desarrollo cultural y ambientalmente sostenible, y que su traspaso no genere, como ha sucedido en los últimos años en un contexto de depresión de la agricultura tradicional, nuevas formas de dependencia con el Estado.

Por otra parte, no obstante la importancia que han adquirido en el movimiento mapuche las demandas por el ejercicio de derechos colectivos de carácter político en los espacios territoriales en que viven sus comunidades, son muy pocos los avances que se han logrado en este contenido inmaterial de la territorialidad indígena. Es evidente que un sistema político y administrativo, así como una discriminación cultural, en nada favorece el ejercicio de estos derechos por parte de los mapuches y otros pueblos indígenas.

En el régimen político actual, no hay cabida para una representación política mapuche, ni siquiera en su espacio territorial ancestral o en los sectores en que su población es mayoritaria. Esta situación también contrasta con aquella existente en otras latitudes, incluida América Latina, donde los esfuerzos de los pueblos indígenas, además de estar dirigidos hacia alcanzar la protección y ampliación territorial, han estado orientados de un modo central en los últimos años en la conquista de derechos políticos en los territorios en que viven.

La permanente vulneración de los derechos como de su identidad histórica-cultural del pueblo mapuche y el desarrollo de sus procesos reflexivos y de organización social y política le han permitido conformarse en el principal, tal vez, el único movimiento social que hoy se despliega al interior de la sociedad neoliberal avanzada chilena. La actual rebelión mapuche cuestiona todo el orden social construido en Chile en estos últimos treinta y cinco años. En efecto, sus demandas trascienden lo meramente económico, pues desde la década del ochenta, el movimiento social mapuche plantea un cambio en la discusión de sus derechos, en cuanto a presentar estrategias que privilegian la autonomía política territorial. De la reivindicación por tierras se pasa a una demanda por territorios; de una participación en el Estado, hacia una que se centra en la autonomía. Esta transformación en la demanda implica una novedosa forma de relación con el Estado nacional quien, por cierto, niega de manera rotunda y categórica dicha posibilidad de autonomía.

Frente a este cambio y ante las acciones de los comuneros mapuche, los gobiernos concertacionistas han respondido con la violencia directa, aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado o recurriendo a legislación de la época de la dictadura militar, como la Ley anti-terrorista, para enfrentar las movilizaciones, las ocupaciones de predios, las manifestaciones callejeras y cualquier otra expresión concreta de las reivindicaciones del pueblo mapuche. En este sentido, ha existido una clara estrategia de criminalización y judicialización del problema mapuche. En otras palabras, el Estado, por una parte, trata de reducir “la cuestión mapuche” al tema económico y de subsistencia obviando el tema de los derechos colectivos como pueblo, es decir, ignora la dimensión política. Y, por otro, criminaliza y judicializa el problema al sobredimensionar las acciones de reivindicación del movimiento social mapuche, recurriendo a la policía y al uso desproporcionado de la fuerza, usando a los medios de comunicación para estigmatizar y descalificar a los mapuche como terroristas y delincuentes y, finalmente, radicar el tema en los tribunales.

La criminalización del problema mapuche ha significado que en último tiempo “solo en la región de la Araucanía cerca de 300 mapuche que han sido acusados ante la justicia, a contar del año 2000, por acciones vinculadas a los conflictos por tierra que involucran a sus comunidades. De estos al menos un 10% han sido acusados de cometer delitos terroristas según a la legislación que data de los tiempos de la dictadura, que ha sido cuestionada desde la perspectiva de los derechos humanos por cuanto permite el uso de testigos sin rostro que debilitan el derecho a la defensa, posibilita largos períodos de prisión preventiva, y establece condenas que duplican las del Código Penal.

La existencia de un régimen político democrático autoritario, del Estado, en su forma nacional-neoliberal, son la mejor garantía para las clases propietarias que la mantención el orden capitalista no corre peligro. Por esa razón, el conflicto mapuche o la cuestión mapuche seguirá siendo uno de los temas políticos, históricos y culturales no resueltos en la sociedad chilena. Y, tal vez, en la medida que vaya estableciendo alianzas con otros grupos de la sociedad que resisten y se oponen al orden neoliberal, podrán ser fuentes de origen de una crisis política que afecte tanto al régimen político como al Estado. Por el momento, tan sólo el pueblo mapuche se levanta en contra del orden neoliberal.

*Doctor en Ciencia Política e Historiador. Director Académico del Programa de Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, Universidad ARCIS, Santiago de Chile.